Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia participa con el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe
El Día Mundial de la Alimentación se conmemora anualmente, el 16 de octubre; proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1980, pone en el centro de la discusión pública, aspectos relacionados con la diversidad, calidad nutricional, accesibilidad e inocuidad de los alimentos, en un contexto en el que subsisten enormes desigualdades entre los países desarrollados y aquellos en situación de vulnerabilidad; asimetrías que se replican en la esfera de grupos sociales, colectivos e individuos en diferentes lugares del mundo.
Es por estas razones que se desarrollan esfuerzos significativos en investigación científica, estudios jurídicos y legislativos, generación y gestión del conocimiento relacionados con la alimentación. En este sentido, destaca el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), auspiciado por la FAO, en el que colaboran seis universidades mexicanas entre las que figura la UNAM, con su Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) como entidad coordinadora y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia (CIGA-UNAM).
La Dra. María Victoria Fernández, investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), una de las instituciones que participan en el ODA-México, explicó en entrevista, que es necesario asumir la alimentación como un derecho humano, es decir, que le asiste a toda persona por el solo hecho de serlo. Este derecho implica disponibilidad, acceso tanto físico como económico, inocuidad, esto es, que no provoquen daño a quienes los consumen, adecuación, que significa reconocer el escenario social, cultural e incluso religioso de la alimentación en diferentes territorios y sostenibilidad, lo que supone que su producción, distribución y consumo, no genere daños sustantivos o irreparables al ambiente, garantizando así que las generaciones futuras continúen disponiendo de dicha producción de alimentos.
Por su parte, la Dra. Esperanza Arnés Prieto, Investigadora por México en el CIGA-UNAM, añade a esta reflexión que el aspecto de la calidad y aporte nutricional de los alimentos resulta de suma importancia a la hora de garantizar el derecho a la alimentación. Esto será posible a través de una producción sustentable de los mismos, agroecológica, proveniente de insumos como semillas nativas y libre en lo posible de agroquímicos. También acota que esta clase de producción ya existe en México desde hace largo tiempo, y se ve reflejado en las redes alimentarias alternativas. Estas iniciativas están conformadas por actores locales presentes en la cadena alimentaria como agricultores, productores, trasformadores y distribuidores de cercanía que, sin embargo, enfrentan dificultades para llegar a la mesa de los consumidores.
En abril del 2024 se publicó en México la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que tiene por objeto establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada y los derechos humanos con los que tiene interdependencia, entre otros; sobre esta Ley, la Dra. Fernández señala que se trata de una Ley General, empleada como el primer paso para la regulación sobre asuntos de gran complejidad para todo el territorio mexicano, como es el caso de la alimentación, en el que se involucran múltiples sectores, áreas y actores, tanto gubernamentales como productivos y ciudadanos. Por tal razón, añade, es necesario que, a partir de la promulgación de la Ley, se genere su respectivo reglamento, aún pendiente, se armonice en las legislaciones de las entidades federativas y participen múltiples actores tanto gubernamentales como civiles para generar y hacer efectivas políticas públicas en la materia.
Sin embargo, puntualiza, es un avance muy significativo, pues coloca a México como uno de los países que ha incorporado en su legislación mecanismos para promover la intervención del Estado en el sector de la producción, abasto, distribución justa y equitativa y consumo de alimentos que además sean nutritivos, suficientes, de calidad y culturalmente adecuados. Por esta razón, podría considerarse como una ley garantista, en tanto que reconoce a sectores vulnerables y/o de especial atención, como las infancias, mujeres embarazadas, alimentación neonatal, entre otros grupos poblacionales.
Por su parte, la Dra. Arnés añadió que aun cuando la Ley todavía no se traduce en beneficios concretos para los pequeños y medianos productores, si los reconoce y los nombra, además de incorporar conceptos como la producción agroecológica y la soberanía y seguridad alimentaria del país, lo que abre la puerta a que, en un determinado momento, esta clase de producción de pequeña escala, realizada bajo parámetros sustentables y saludables, pueda acceder a mercados a los que hoy no tiene un acceso sencillo, como la proveeduría al propio Estado y sus instituciones a través de compras públicas.
Aterrizar la Ley y su política pública, requerirá, comenta la Dra. Fernández, de un análisis puntual sobre las necesidades de cada entidad federativa y los territorios. Dichos procesos toman tiempo, pero añade que el papel ciudadano es clave en tanto que, como consumidores, como padres y madres de familia, como productores o integrantes de las cadenas de producción, distribución y consumo de alimentos, debemos convertirnos en agentes proactivos para internalizar el derecho a una alimentación adecuada y sostenible, identificar cuáles son las acciones que se encuentran a nuestro alcance en la cotidianidad para impulsarlo paulatinamente. Por ello, este instrumento normativo, debe traducirse en acciones y escenarios concretos que promuevan una mejor alimentación, mayor accesibilidad y calidad de los productos a nuestro alcance y un mercado más justo y equitativo que considere con especial atención a los sectores vulnerables de la población.
Finalizaron la Dra. Fernández y la Dra. Arnés, señalando confianza en que el actual sexenio, ofrecerá continuidad respecto al impulso de esta política pública e invitan también a considerar la alimentación como un derecho, en lugar de considerar a los alimentos como productos y mercancías, pues bajo esa concepción, se incrementará sustancialmente la apropiación y el ejercicio de este.
