Con la primicia de “atender las causas de la inseguridad” el gobierno obradorista permitió que los grupos armados se multiplicaran y que la violencia y la inseguridad alcanzaran niveles alarmantes. Esta inacción, disfrazada de una suerte de compasión social, se tradujo en un Estado ausente, incapaz de garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Es un recordatorio doloroso de que las buenas intenciones, sin estrategias sólidas, no bastan en el complejo terreno de la seguridad pública. La criminología lo advierte: atender las causas es crucial, pero debe ir de la mano con acciones inmediatas, estructuradas y basadas en evidencia.
La pregunta, entonces, es si los gobiernos podrán revertir el daño de años de negligencia antes de que el problema se vuelva incontrolable.
La ciencia social y criminal ha demostrado que abordar las causas estructurales de la violencia es un esfuerzo a largo plazo que, por sí solo, no basta para enfrentar las crisis inmediatas de inseguridad. La realidad actual exige estrategias desde la disuación, inteligencia que combinen la prevención social, situacional y comunitaria con medidas concretas para detener la escalada de violencia y delincuencia.
Programas sin rumbo ni resultados
Históricamente, los programas de prevención del delito han carecido de enfoque estratégico y han sido víctimas de un diseño improvisado, reactivo y desarticulado. Según el INEGI y estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), más del 70% de estos programas no cuentan con indicadores claros de impacto, y muchos se implementan sin una evaluación previa de las necesidades específicas de los territorios.
En lugar de focalizarse en los contextos más críticos, estas políticas suelen responder a intereses políticos más que a diagnósticos sólidos, generando un despilfarro de recursos públicos.
El Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ), programa insignia de seguridad del gobierno del estado de Michoacán, es una buena iniciativa en su concepción. Con un presupuesto de poco más de mil 40 millones de pesos asignados en 2023 y 500 millones proyectados para 2024 destinados solo a la construcción de espacios públicos, su intención es contribuir a la prevención del delito.
Sin embargo, aunque estas inversiones pueden ser necesarias en ciertos contextos, no son suficientes por sí solas. Para que realmente sean efectivas, deben integrarse con la aprobación de los vecinos y programas que fomenten la apropiación ciudadana. De lo contrario, se corre el riesgo de que los espacios recuperados queden subutilizados o vuelvan a ser controlados por dinámicas de violencia.
Los programas de prevención, para que den resultados deben de partir de un diseño basado en evidencia y de mecanismos de evaluación rigurosos y externos, elementos esenciales para garantizar su efectividad. Esta falta de planificación estratégica genera desconfianza sobre el impacto real de las acciones en la reducción de la violencia, dejando la percepción de que los recursos, aunque significativos, no se traducen en resultados concretos para las comunidades más afectadas.
El Mecanismo de Evaluación y Transparencia del FORTAPAZ, elaborado por el mismo Secretariado Ejecutivo y aprobado por un Comité Técnico compuesto exclusivamente por servidores públicos, plantea serias dudas sobre su objetividad y efectividad. La autoevaluación, un proceso donde los mismos actores diseñan, aprueban y evalúan el uso de los recursos, carece de independencia, un principio esencial para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Para que cualquier programa de seguridad genere confianza y credibilidad, la evaluación debería estar en manos de un organismo externo e imparcial, que no solo supervise el ejercicio de los recursos, sino que también garantice que las metas y objetivos sean bien planteados y alcanzados de manera efectiva. La experiencia nos dice que los mecanismos de evaluación internos suelen estar diseñados para justificar decisiones ya tomadas, más que para generar mejoras sustantivas.
Además, la falta de participación de la sociedad civil, académicos o expertos independientes en el Comité Técnico limita la posibilidad de un análisis crítico y enriquecido que considere perspectivas diversas. En el caso de FORTAPAZ, donde se manejan montos millonarios, la autoevaluación equivale a ser juez y parte, un “modelo” que históricamente ha contribuido a la opacidad y la corrupción en la administración pública. Si bien FORTAPAZ tiene un enfoque prometedor, es fundamental corregir sus deficiencias implementando un modelo que priorice diagnósticos precisos, metas claras y evaluaciones independientes.
De igual forma, la prevención del delito no es un acto espontáneo ni un conjunto de acciones aisladas; es más comploejo que “atender las causas de la inseguridad” es un proceso continuo que exige intervención estratégica, evaluación constante y mejora progresiva. Todo programa de prevención que no adopte un enfoque basado en la teoría del cambio estará irremediablemente condenado a desperdiciar recursos públicos y, peor aún, perpetuará la percepción de que la prevención es un concepto abstracto y no una herramienta concreta. Esto no solo desacredita los esfuerzos realizados, sino que deja el verdadero cambio como una deuda pendiente con la sociedad. Atender las causas de la violencia y el delito sin un plan claro, es una omisión, que sigue cobrando miles de víctimas a las que el Estado no les garantizó su seguridad.
