La determinación del Comité de Evaluación (Comité) del Poder Judicial de la Federación (PJF) de acatar una suspensión de amparo para cesar en su actuación dentro del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del PJF 2024-2025, es una actitud acertada, tomada por profesionales del derecho, quienes conocen el alcance de actuar en desacato como lo están haciendo otras autoridades.
El pasado 7 de enero, el Comité emitió un acuerdo mediante el cual da a conocer su posición de suspender toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral en cita, en tanto no se revoque o se modifique la medida cautelar, sabiéndose conocedores de que no acatar tal determinación los otros Comités de Evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo, se provocaría una considerable inequidad a los participantes en el proceso electoral.
La voz disidente u oficialista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alude a la falta de competencia del Comité para adoptar dicho acuerdo, aunado a que considera que es el Pleno de la SCJN quién debe acordar algo al respecto, al tratarse de una situación “no prevista”, acotando que dicho Comité incurrió en un abuso de autoridad al haber ejercido atribuciones que no le fueron conferidas en forma alguna, lo que puede dar lugar a una responsabilidad administrativa y penal; mientras que la presidencia de la Cámara de Senadores ha manifestado su desacuerdo y públicamente ha señalado que las personas interesadas no serán afectadas.
El proceso electoral ha provocado que diversos impartidores de justicia con la reforma al PJF estén anticipando su salida al retiro, dejando en manos de secretarios la función de juzgadores por la incertidumbre que se vislumbra.
Algo parecido sucede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ante la incertidumbre de que sucederá con el régimen de pensiones y jubilaciones actual, derivado de la reciente reforma al artículo 143 de la Constitución del Estado de Michoacán y la consecuente reforma a la legislación y regulación secundaria en meses próximos, muchos trabajadores que cuentan con el requisito para optar por la jubilación activa que se encuentran o encontraban laborando frente a grupo como docentes e investigadores o en áreas administrativas y manuales, están optando por salir a la llamada prejubilación, quedando en espera de que exista un techo financiero suficiente para recibir el pago de las prestaciones a que tienen derecho y convertirse formalmente en jubilados. @lvarezbanderas
