El dirigente del tricolor, expuso diversos casos de abuso e injusticia cometidos por personal de la fiscalía
La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta severas críticas tras ser denunciada por ciudadanos y un jurista respaldados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Robos, extorsiones y decomisos ilegales forman parte de las acusaciones, convirtiendo a la institución en un adversario del pueblo michoacano.
En su tradicional conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, expuso diversos casos de abuso e injusticia cometidos por personal de la FGE.
Entre ellos, destacó la denuncia del abogado penalista Raúl Oceloth sobre un incidente ocurrido en Apatzingán durante el novenario de un hombre asesinado el Viernes Santo del año pasado.
Personal de la Fiscalía ingresó al domicilio de la víctima, robando cerca de un millón de pesos y una camioneta, para luego exigir a la familia 50 mil pesos a cambio de devolver el vehículo.
“Sin embargo, mientras la familia llevaba a cabo lo que es el novenario, la Fiscalía aprovechó para ingresar hasta el departamento del occiso para sustraer sus pertenencias y más de 900 mil pesos y no obstante a ello se llevaron una camioneta con todo y papeles y hoy están pidiendo más de 50 mil pesos, para devolver esa camioneta a la señora y su familia”, acusó.
Otro caso señalado ocurrió en Zitácuaro el pasado 17 de enero, cuando la ciudad se paralizó por enfrentamientos entre grupos armados.
En medio del caos, personal de la FGE, decomisó una camioneta dañada de una familia local, pidiendo también 50 mil pesos para su devolución.
Oceloth recordó el asesinato del trabajador de la construcción Alejandro Ruíz Macarena en Tuxpan el 30 de diciembre de 2024.
Dos policías municipales, incluido el director de Seguridad Pública, Juan Manuel “N”, están detenidos.
No obstante, el activista lamentó la participación de otros 10 funcionarios, entre ellos la Ministerio Público local, quien previamente negó las medidas de protección solicitadas por la víctima.
Los denunciantes señalaron a la FGE, como una institución omisa y permisiva, al encubrir actos de corrupción de sus funcionarios, quienes extorsionan, roban y revictimizan a las víctimas, sin que hasta el momento haya responsables sancionados.
