Uno de los principales problemas en el combate a este delito, explicó el fiscal, es que la mayoría de las víctimas se rehúsan a denunciar, por miedo a represalias del crimen organizado
Con más de 350 carpetas de investigación abiertas por extorsión en la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta una realidad compleja, reconoció su titular, Adrián López Solís, durante su comparecencia en el Congreso local.
Uno de los principales problemas en el combate a este delito, explicó el fiscal, es que la mayoría de las víctimas se rehúsan a denunciar, por miedo a represalias del crimen organizado.
«El problema es que no quieren denunciar, hacen declaraciones en medios, pero lamentablemente no quieren denunciar y entendemos que es por un asunto de temor, primero evidentemente por su integridad de las personas pero nosotros estamos atentos y pendientes, continuamos de oficio algunas carpetas, pero siempre se necesita el señalamiento o la imputación para sostener esos casos ante jueces competentes», remarcó.
No obstante, aseguró que la Guardia Civil y la Guardia Nacional han logrado realizar algunas detenciones en estos casos.
En el marco de su sexto informe de labores, López Solís también fue interrogado sobre las condiciones laborales dentro de la fiscalía, donde admitió que muchos trabajadores desempeñan su labor bajo amenazas constantes, e incluso algunos han perdido la vida.
A pesar de ello, afirmó que los salarios, aunque insuficientes, se pagan de manera puntual.
Detalló que un agente del Ministerio Público con categoría «C» gana 20 mil pesos mensuales, mientras que, uno con categoría «B» percibe 23 mil pesos, y un funcionario de categoría «A» recibe 26 mil al mes.
Finalmente, el fiscal aseguró que la dependencia conoce los métodos de extorsión que operan en Michoacán y que estos están siendo atendidos con estrategias colaterales para disminuir su impacto.
