17 órganos y cámaras empresariales urgieron al parlamento a discutir Ley de Marchas y Plantones, así como la de Adquisiciones
Un total de 17 cámaras y asociaciones empresariales estatales, urgieron a los integrantes de la 73 Legislatura a regresar a sesionar y se comprometan públicamente con la ciudadanía en poner especial atención y enfoque a la discusión y aprobación de al menos tres iniciativas de ley que se encuentran pendientes y la designación de los cuadros anticorrupción.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEM), Agustín Arriaga Diez, lamentó que desde el pasado 23 de diciembre del 2017, los diputados hayan entrado en receso legislativo y hasta este momento no hayan arrancado con el periodo de sesiones, pese a la gran cantidad de temas pendientes.
Al respecto, los llamados hombres de negocios en la entidad se enfocaron en demandar 5 puntos; el nombramiento al Fiscal Anticorrupción y dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), rubro en el que exigieron sea a la brevedad para que arranquen con los trabajos de combate a la impunidad y alejado de intereses partidistas, demandó el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Rubén Flores.
“Es muy importante el nombramiento de este Fiscal y operadores jurídicos que le den viabilidad a esta ley, el Sistema Estatal Anticorrupción y su comité Coordinador del Sistema, no va a trabajar adecuadamente sí estás piezas importantes, no se integran ya a trabajar en este momento, es por eso que pedimos al Congreso que hagan su trabajo, y que lo hagan en base a lo que establece la ley”, manifestó.
De igual forma, exigieron la promulgación de la Ley de Marchas y Plantones, que lleva al menos tres legislaturas en la congeladora, pero cada ocasión que se renueva el parlamento, es la promesa de los congresistas entrantes, no obstante, ningún partido político se ha atrevido a subir el tema a tribuna.
Al respecto, el secretario del CCEM, Héctor Manuel Tinoco Garduño, señaló que es necesario dotar de certeza jurídica, aquellos ciudadanos o empresarios que son dañados en su patrimonio durante las movilizaciones sociales.
“Es un tema de movilidad y responsabilidad en el daño patrimonial, como sociedad, estamos a favor estamos que cada quién ejerza sus derechos a manifestarse, que sea la forma de presionar al gobierno, pero mientras no se respete el daño a terceros, toda vez que la sociedad no tiene a quien responsabilizar de los daños en sus bienes, sobre todo por la inanición del gobierno del Estado”, manifestó.
Pidieron la discusión y aprobación de la ley de Adquisiciones en el Estado; la profesionalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), así como de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
