AUTORIDADES QUE AVERGUENZAN
Salvo excepciones, nuestro sistema jurídico es muy aceptable; nos enorgullece nuestra Carta Magna, como los tratados y las leyes que a ella se ajustan.
El grave problema no es el texto de nuestra legislación. Lo vergonzoso es que no se cumpla el derecho y, de esto, las directamente responsables son las autoridades: desde el presidente de la República hasta el servidor público de menor jerarquía, personas físicas que, representado al gobierno, nos deshonran, cuando no acatan ni hacen respetar nuestro sistema jurídico, ése que un día protestaron cumplir y hacer cumplir.
Ante las denuncias públicas de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, de que la administración de Enrique Peña Nieto los espía a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida (a quien está directamente adscrita esa desconcentrada según el artículo 18 de la Ley de Seguridad Nacional) explicó: “ese centro da seguimiento y continuidad al proceso electoral… pero no es una acción de espionaje a los opositores”.
Pero esa Ley de Seguridad Nacional en ninguno de sus 67 artículos ni en los 7 transitorios (ni en su Estatuto) otorga atribuciones legales al CISEN para “dar seguimiento y continuidad a proceso electoral” cual ninguno.
Sus fines son otros: preservar la seguridad nacional, el Estado Mexicano, proteger a la Nación, la independencia, la soberanía, defender nuestro territorio, y otros etcéteras similares a estos valores.
La preocupación que precisa el artículo del respetable escritor Humberto Musacchio, sobre la seguridad de los candidatos a la Presidencia de México, merece toda la atención del gobierno, pero a través de las autoridades competentes, y el CISEN no lo es.
No confundamos las leyes de seguridad de nuestro país, que son muchas, y con vasos comunicantes. La que establece al CISEN es la Ley de Seguridad Nacional; pero existe una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Interior, de seguridad social, industrial, de informática, de salud, entre otras.
Es legal y debido que el CISEN nos investigue a todos, incluyendo a Meade, a Anaya y a Andrés Manuel, pero exclusivamente respecto a sus XI atribuciones que le impone el artículo 19 de esa Ley de Seguridad Nacional, pero no “para dar seguimiento y continuidad al proceso electoral 2018”.
Mal hace quien aplica de manera inexacta esa ley federal, induciendo a nuestros 007 huehuenches a transgredir la ley; empero, también hacen mal quienes prometen desaparecer al CISEN por esos malos manejos.
López Obrador y Anaya, si juzgan que hay pésimas prácticas en la presidencia, no por eso deben desaparecer a la presidencia, a la que, por cierto, pretenden llegar.
No porque el sistema electoral mexicano tenga graves errores, llegado el momento lo desaparezcan, para montar una tiranía, sin elecciones, y sin ciudadanos.
