Es necesario repetirlo: de lo que se trata, en el fondo, es de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hablamos de igualdad real, material, tangible, constante y sonante. No sólo es la igualdad de derechos declarativa, formal, la que sólo existe en el papel. Se trata, antes bien, de que no se cierren los ojos a que la igualdad de oportunidades es negada cuando el punto de partida en la competencia no es el mismo. Se trata de no eludir la realidad de las desventajas históricas que tenemos las mujeres en este país, y que poco a poco, no sin sacrificios, hemos venido revirtiendo.
Pero es necesario que la sociedad y sus instituciones representativas sean consecuentes y solidarias con la construcción de la igualdad sustantiva. Por eso existen y se justifican las acciones afirmativas. Quien crea que estas medidas compensatorias generan un régimen de privilegios, no sólo sostienen una falacia sino que pretenden ignorar que en este país y en este mundo, en la realidad histórica y en la vida cotidiana, no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer. También se quiere eludir que en las sociedades de arraigadas costumbres machistas y patriarcales, el mandato de masculinidad implica que se forman los estereotipos como si fueran fruto de la naturaleza y se reproducen de modo automático. Y esos estereotipos son nefastos porque introyectan la idea de que las mujeres somos menos capaces que los hombres.
En estas sociedades tradicionales, la legislación moderna tiene un efecto de re-educación. Vía la ley se acelera el cambio en las mentalidades, y con ellas, en las maneras de actuar real, concreto. La obligatoriedad de la ley dinamiza las tendencias a que lo considerado bueno y justo se haga costumbre. Introducir la paridad en los procesos políticos ha sido un gran paso en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, el 10 de febrero de 2014 se aprobó la reforma constitucional que consagra el principio de la paridad en las candidaturas para legisladores federales. En concreto, el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, establece:
“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales…”.
Plasmar en la constitución explícitamente la garantía de la paridad habla de la lucha constante de las mujeres de este país para obtener el reconocimiento de que su palabra y su perspectiva son indispensables en las instituciones políticas.
De una cosa estamos firmemente convencidas: sin la incorporación de las mujeres a la cosa pública, incluida centralmente la política, la democracia está trunca, inacabada, incompleta. Abrirse a la paridad sólo puede generar beneficios no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto. Hay que admitirlo: nuestra perspectiva no sólo adorna la política sino que la enriquece y fortalece. Cerrarse a concretar la paridad no sólo significa contravenir todas las Convenciones que ha suscrito el Estado mexicano, sino situarse a contracorriente de una tendencia inequívoca e irreversible.
De cara a las elecciones del 2018, debemos estar atentas a que la necesaria paridad se proyecte en el sistema de representación política en su conjunto para seguir reivindicando a la política como el medio privilegiado de la reforma social hacia la concreción de la igualdad sustantiva en todos sus sentidos. De eso se trata.
