“En medio del caos, también existe la oportunidad”.
Sun Tzu
Para Transparencia Internacional, en América Latina existen tres modelos para el combate a la corrupción: el modelo brasileño, en el que el combate lo encabezan algunas élites; el modelo “paraguas internacional” en el que un organismo internacional toma la batuta pues las leyes nacionales lo permiten; y, el modelo por conveniencia en el que, ante la demanda social, se crean instancias para el combate a la corrupción que funcionan parcialmente.
Según Transparencia Internacional, México se ubica en este último caso, ya que el Sistema, creado por ley como una paraestatal, requiere de herramientas, tecnología y recursos y para obtenerlos depende completamente de la administración en turno.
En ese mismo sentido, los investigadores de México Evalúa, Marco Antonio Fernández Martínez y Edna Jaime, el Sistema Anticorrupción no ha dado los resultados esperados debido a que el propio sistema “ha puesto en tensión las inercias propias de las instituciones con funciones anticorrupción (en particular la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación), ha enfrentado obstáculos administrativos-presupuestales y ha evidenciado límites del nuevo diseño institucional”.
En general, estos investigadores resumen exactamente el panorama que no sólo el Sistema Nacional ha presentado sino los retos que, en mayor o menor medida, enfrenta los sistemas locales.
Por momentos, como lo plantea Transparencia Internacional, pareciera ser que las administraciones en turno dan largas a la consolidación de los sistemas. Sin embargo, no debemos caer en la paranoia. Al igual que el nacimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogos estatales, las instituciones que rompen paradigmas no son del todo fáciles de echar a andar.
La ruta crítica natural de una institución recién creada es un desconcierto de propios y extraños al inicio, pues las facultades y atribuciones de cada uno de sus componentes están enunciadas en la ley, pero no están del todo delimitadas.
Además, la inercia social tiende a no contar con estas instituciones: se desconocen actividades y alcances y no se tiene contemplado presupuesto.
Aún así, apostamos a que quienes encabezan las administraciones públicas reconozcan en el Sistema Anticorrupción más que una amenaza, una oportunidad de transitar a la gobernanza.
Se trata de la oportunidad de devolver a la ciudadanía la confianza en el gobierno. De demostrar que hay voluntad para rectificar, para mejorar y ¿por qué no? consolidar las buenas prácticas.
Un gobierno que reconoce sus debilidades y las corrige es un gobierno que genera confianza; de igual manera, un gobierno que mejora el desempeño de su administración, persigue y sanciona a quienes ocasionan algún daño a la ciudadanía desde el poder público, está ejerciendo gobernanza.
Sin duda, lo ideal sería transitar de la mano del andamiaje institucional hacia la eficiencia, calidad y buena orientación del papel del Estado y que éste, a su vez, se legitime a través de la mejor continua.
Por ello, en la medida que los órganos anticorrupción cuenten con independencia, abatirán la impunidad y coadyuvarán en la consolidación un verdadero Estado de derecho que a todos nos beneficie.
