“La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”.
Alejandro Gándara
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentó a sus pares estatales la propuesta de Política Nacional Anticorrupción el fin de semana en la Ciudad de México.
Resulta interesante conocer la propuesta hecha en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) en la que se delinean cuatro problemas estructurales y se plantean cuatro ejes.
Los problemas que se plantean se basan en la “captura” de puestos públicos, presupuestos, de toma de decisiones y de justicia por parte de los grupos de poder. Esta captura obedece a intereses particulares y produce la poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que mejoren y fortalezcan a las instituciones.
Por ello, la Política Nacional Anticorrupción propone como eje transversal, la participación ciudadana como el camino para evitar esas “capturas” y para fomentar un mayor y mejor control social.
Sobre ese eje transversal, la Política Nacional Anticorrupción propuesta se enfoca en cuatro ejes: la profesionalización y formación de capacidades de los servidores públicos, pero también de la propia ciudadanía; el fincamiento de responsabilidades como parte de combate a la impunidad; el combate a la corrupción en puntos de contacto y el combate a las redes de corrupción.
El primer eje pretende que, si bien es necesario sensibilizar a los servidores públicos sobre la gravedad del problema de la corrupción, también es necesario pensarse como el impulso para que los ciudadanos formen parte y se involucren activamente en la prevención, control y combate a la corrupción.
Se trata de que los ciudadanos ocupen los espacios del Sistema Anticorrupción, de que conozcan las faltas y denuncien; pero, sobre todo, de que se fomenten otros mecanismos de participación como las contralorías sociales y los observatorios ciudadanos que ya existen en la legislación estatal pero no existen en la legislación nacional.
Además, para la Política Nacional Anticorrupción, los ciudadanos no solo deben estar involucrados en el diagnóstico o en la evaluación de resultados, sino en el diseño y en la implementación de todas las acciones de política pública que habrán de diseñarse a efecto de combatir la corrupción.
“Por lo anterior la formación de capacidades ciudadanas es una tarea ineludible de
la Política Anticorrupción, pues en la medida en que todas las comunidades del país puedan tener una participación ciudadana profunda y vinculante con los funcionarios y las instituciones se podrá prevenir y denunciar la corrupción de aquellos espacios donde resulta más lacerante” menciona el documento que contiene la propuesta en comento.
Este eje transversal está relacionado con el fortalecimiento de acciones de transparencia y generación de capital social, el cual deberá estar presente en todas las acciones de los actores que integran al Sistema Anticorrupción ya que, sin mecanismos formales que generen vigilancia social y exigencia de la sociedad a su gobierno, las capturas mencionadas al inicio serán muy difíciles de eliminar.
