Probablemente el problema más severo que enfrenta la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el alto nivel de incidencia delictiva, la inseguridad no merma y los números se han disparado; la Guardia Nacional requiere de cierto tiempo para evaluar su accionar.
El sexenio de Felipe Calderón se recuerda, principalmente, por una fallida guerra contra el narco que pintó de rojo al país para incrementar los denominados “daños colaterales”, la zozobra fue evidente. Tácticas y estrategias mal planificadas porque los resultados fueron adversos.
Resulta evidente que la inseguridad es un problema estructural, aunque ahora está desbordada, ningún rincón del país está blindado contra el hampa porque los tentáculos del crimen organizado apuntan a todas direcciones.
A estas alturas el gobierno federal debe contar con los diagnósticos para analizar la gravedad del problema y prescribir nuevas medidas, construcción de políticas públicas y saber con qué hacer frente a la descomposición social que arrasa.
La oposición, mientras, cuestiona los saldos que derivan de la crisis de seguridad porque están en su papel, el cual no es desconocido por el presidente porque si hubo un opositor, en su momento, fue justamente el propio López Obrador, machacón, persistente.
La apología del delito no cesa, la llamada música del movimiento alterado cobra adeptos o algunos temas del reguetón. En las canciones de la corriente citada son las historias miserables del crimen son claras, descriptivas. Los primeros narcocorridos como La banda del carro rojo ya son superadas en cuanto al contenido, la brutalidad es manifiesta.
Mientras eso sucede, el presidente López Obrador descalifica a la policía federal, es obvio que había y hubo problemas, asuntos de corrupción o insuficiencias, aunque la descalificación total no debiera ser la opción para depurar cuerpos policiales que persiguen los delitos. No todo lo que se construyó previo a la llamada cuarta transformación estaba echado a perder.
Por lo regular los titulares de los gobiernos de cualquier nivel suelen despotricar contra sus antecesores, creen que están reinventando al país, a la entidad federativa o a los municipios porque el protagonismo o la megalomanía les acompaña.
El problema de la inseguridad que cuenta cotidianamente más homicidios dolosos requiere un abordaje que reporte resultados convincentes, si bien es cierto que se heredaron lastres en diversos rubros como la impunidad y la corrupción también es verdad que el estado de derecho debe imponerse, ello desde una óptica del contractualismo porque los costos resultan elevados y es obligación del estado perseguir los ilícitos.
Al asunto preocupante de la inseguridad se suma el conflicto de los emigrantes en la frontera sur, el cual adquiere los tonos de un drama irresoluble en el que impera la recomendación norteamericana de Trump.
Los reportes diarios expresan una narrativa de la desesperación, los dramas se multiplican en la tierra del sur mexicano que forzadamente pinta cosmopolita.
Son diversos los pendientes cuyas soluciones no deben ser postergadas.
