En fechas recientes se han publicado, en diversos medios de comunicación, declaraciones y posicionamientos expresados por algunos Senadores y Diputados Federales, todos ellos miembros del Partido Revolucionario Institucional, en los que han manifestado argumentos en contra de las acciones realizadas en Michoacán por la Mesa de Seguridad Ambiental para frenar y castigar los ilegales cambios de uso del suelo de terrenos forestales a frutícolas, arrasando con grandes extensiones de bosques y selvas.
Es de señalar una vez más que las acciones se han implementado contra huertas que se han estableciendo de manera ilegal en terrenos forestales, esto es, sin las autorizaciones correspondientes expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que dichos operativos han sido en estricto apego a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán y al Código Penal vigente en el Estado.
Esos instrumentos otorgan atribuciones expresas a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), para intervenir, mediante órdenes de inspección, los predios donde se cometen estos ilícitos, y que una vez que se corrobora esta situación, son puestas las denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes integran las respectivas carpetas de investigación.
Por ello, resultan infundadas e inexactas las manifestaciones y argumentos de los legisladores federales y Senadores, que posiblemente debido a una falta de información, se oponen a estas acciones, ya que en sus posturas no evocan el marco legal, federal y estatal, que regula los cambios de uso del suelo y otorga funciones y atribuciones a las autoridades encargadas de aplicar estas normas. Tampoco han solicitado información a las dependencias que integran la Mesa de Seguridad Ambiental.
En contraparte, es de reconocer la actitud de legisladores locales de ese mismo partido político, que han impulsado reformas al marco legal local para atender los delitos ambientales. Ejemplo de ello es la Presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado, Rosalía Miranda, quien en fechas recientes propuso, y fue aprobado, un posicionamiento para reconocer las acciones de combate a los ilegales cambios de usos del suelo, que realiza el Gobierno del Estado, y más recientemente, otro diputado propuso la reforma al Código Penal para incorporar la figura jurídica de Ecocidio, con mayores penalidades. Ambos legisladores son miembros distinguidos del citado Partido.
Las acciones emprendidas no son indiscriminadas, están muy lejos de atentar contra los productores de aguacate, responsables y preocupados por el ambiente, a ellos el Gobierno del Estado los apoya con los financiamientos y equipo. No se confundan ni se quiera confundir a los michoacanos. Las acciones son en contra de personas sin escrúpulos, que nada les importan los recursos forestales, hídricos y los cambios climáticos que ya se resienten en nuestro Estado.
Hacemos una atenta y respetuosa invitación, a los Legisladores federales y locales, preocupados por la legalidad de las acciones que estamos emprendiendo, primero, para que conozcan los procedimientos jurídicos que se observan y fundamentan nuestro actuar, y, asimismo, para que realicemos un recorrido por aquellas zonas forestales devastadas por estos depredadores que hoy, por vez primera en la historia de Michoacán, se combaten eficazmente y que, finalmente, escuchen la opinión de las poblaciones y productores, incluso de aguacate, que ya carecen de agua. Estamos convencidos que el Congreso de la Unión está muy por encima de intereses particulares y mezquinos y se comprometerán con los esfuerzos, históricos, que realiza la Mesa de Seguridad Ambiental
Algunos datos de la realidad del aguacate:
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la superficie destinada a la producción de aguacate en este estado, pasó de 31 mil hectáreas en 1980, a más de 106 mil hectáreas en el 20109, en las que se proyecta obtienen un millón 200 mil toneladas de este cultivo. Según la misma fuente, la superficie actualmente destinada a la producción de aguacate en el estado, es 242 por ciento mayor a la que había en 1980.
En los últimos años en Michoacán se cosechan para su mercado un millón 100 mil toneladas, de las cuales sólo 300 mil toneladas se venden en México, el resto son de exportación.
De acuerdo al estudio realizado por la UNAM cuatro años, establece que el 75 por ciento del aguacate se produce en la región de la meseta purépecha en Michoacán, y el 65 por ciento de lo que se produce en todo el país.
Por otro lado, y de acuerdo con indicadores del Consejo Estatal de Población, es la meseta purépecha la que más pobreza tiene, tanto por habitantes como por servicios públicos, el 30 por ciento de los indígenas están en condiciones de pobreza alimentaria.
