Amagos desde la Auditoría Superior de Michoacán…
“Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo”… Concepción Arenal (1820 – 1893). Pensadora española.
Uno de los grandes vicios de la democracia mexicana es la ausencia en la división de poderes, y ésta se hace más evidente cuando se revisa la indebida forma de trabajar que tiene el Legislativo, donde por costumbre siguen procurando ejecutar recursos públicos, responsabilidad que corresponde al Ejecutivo.
En Michoacán, esta abusiva forma de operar de quienes han pasado por el Congreso de Michoacán, ha generado cualquier cantidad de sospechas, especialmente de la legislatura 69 a la fecha, es decir, aquellas que han acompañado los gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, con el agregado Alfredo Castillo Cervantes.
Adicional a toda la opacidad y ausencia de rendición de cuentas que percibimos buena parte de los michoacanos, por la presunta corrupción con que se desempeñaron dichas administraciones, resulta que la Auditoría Superior de Michoacán mantiene procesos ante posibles irregularidades en el manejo de los programas de “gestoría” que llevaron a cabo la Septuagésima Primera y la Septuagésima Segunda legislaturas.
El auditor Superior del estado, José Luis López Salgado, señaló que los 80 ex diputados tienen observaciones ya que no presentaron soportes suficientes de lo que presuntamente entregaron y que deja la presunción de que pudieron vender a mitad de precio, lo que oficialmente, regalarían a algunos ciudadanos.
Además, López Salgado explicó que ante tan lamentables prácticas y en caso de confirmar las irregularidades, se buscará fincar responsabilidades también a los ex funcionarios estatales que liberaron los recursos para la “gestoría”, toda vez que no es una atribución de los legisladores.
Por citar algunos ejemplos, en el año 2009, tras denuncia mediática del entonces líder estatal del PAN, Germán Tena Fernández, el secretario de Finanzas, Humberto Suárez López reconoció que autorizó 150 millones de pesos para que los diputados apoyaran a los ciudadanos que se los solicitaran; es decir, les tocaron unos 3 millones 750 mil pesos por “representante popular”. Aunque en ese mismo año, los diputados ya se habían autorizado y repartido otros 24 millones con el mismo objetivo.
Otro ejemplo se presentó durante la administración de Salvador Jara Guerrero, cuando su secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, informó que no había un Fondo de Gestoría que repartieran con propia mano los legisladores, sino una “Partida de Gestión” para atender necesidades básicas de la población a solicitud de cada diputado, que ascendió a 80 millones de pesos en 2012 y 120 millones en 2013, 2014 y 2015. Es decir, en dichos ejercicios fiscales, los representantes populares ejercieron en “gestión”, cada uno, 3 millones de pesos en promedio anualmente.
En otro momento, allá por el año 2011, entonces diputado federal, Julio Castellano Ramírez, amagó con hacer pública una investigación que evidenciaba esquemas fraudulentos de bastantes legisladores locales, a la hora de entregar los famosos apoyos o gestoría. Lamentablemente reculó por presuntas amenazas y ataques que recibió y pusieron en riesgo su integridad física.
En este momento, cuando se aproxima el relevo del Auditor Superior del Congreso de Michoacán, el vigente, José Luis López Salgado, parece que sacó otro as de la manga, para dejarle claro a todas las fuerzas partidistas de la entidad, que tiene un archivo bastante interesante para promover que quienes se mantienen en la cúpula del poder lo consideren para reelegirse, o ya de menos, para evitar que proceda algún juicio político, como el que solicitó el Centro de Evaluación de Michoacán (CEMIDE), que por cierto, ya presentó un amparo contra la decisión que tomó el Congreso del Estado para insistir en que se reponga el procedimiento contra José Luis López.
Lamentablemente la historia de opacidad, corrupción e impunidad que prevalece en Michoacán, obliga a concluir que tampoco en estos casos habrá mayores consecuencias. Y sin embargo, una vez más espero estar equivocado.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
