Deuda michoacana…
“¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón ni olvido”… Bertolt Brecht (1898 – 1956). Dramaturgo y poeta alemán.
Por fin la deuda bursátil de Michoacán que se contrató en el año 2007 pasará a un crédito tradicional a pagarse en 20 años, luego de la licitación que ganó el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), fallo que se dio a conocer el pasado lunes 21 de mayo.
Pese a que se trata de un refinanciamiento de la deuda, no es un asunto menor, baste recordar que inicialmente el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel con su flamante secretario de Finanzas, Humberto Suárez López y la complicidad de la 70 Legislatura local, contrataron una deuda inicial y bursatilizada de 3 mil 500 millones de pesos, de los que ahora se deben 4 mil 600 millones, a pesar de que durante casi 11 años, se pagaron unos mil 900 millones de pesos.
Es decir, a la fecha, esa deuda contratada en UDIS nos ha costado a los michoacanos unos 6 mil 500 millones de pesos; por donde se le quiera ver resulta inexplicable la decisión que tomó el nieto del Tata, cuando la crisis financiera y falta de liquidez, estaban muy lejos de lo que ahora se padece; espero que la respuesta no esté en los tenedores de semejante deuda, que todavía no conocemos.
El colmo de males se registró en la desafortunada sumisión de los entonces “diputados” que ni siquiera pidieron un listado de a qué se destinarían dichos recursos, como tampoco se exigió en las restantes deudas y reestructuras que se llevaron a cabo durante las administraciones de Leonel Godoy Rangel y el mal logrado gobierno que inició Fausto Vallejo Figueroa, continuó Jesús Reyna García y terminó Salvador Jara Guerrero.
Las legislaturas correspondientes, es decir, la 70, 71 y 72 se convirtieron en sumisos cómplices porque no exigieron transparencia en el manejo de los recursos, firmaron cheques en blanco, incluso, permitieron en algún caso que se contratara deuda para pagar deuda, aunque con ello se violentaran artículos constitucionales.
Por ello quienes cobraron como diputados en esos 12 años, han dejado un fundamentado sospechosismo de corrupción e impunidad que mantiene postrado a Michoacán financieramente hablando, toda vez que la deuda actual y reconocida por el propio secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, alcanza los 29 mil 500 millones de pesos, ya sumadas las de largo y corto plazo.
Si bien es cierto que refinanciar la deuda bursátil al esquema tradicional es un gran paso, porque ahora hay certeza de cuándo deberá quedar finiquitada, porque se hizo a través de una licitación que permitió conocer la mejor oferta y porque fue transparente, también es cierto que no es una solución a corto plazo.
Seguramente bajará un poco la presión en la liquidez, pero será prácticamente imposible que sólo esta maniobra pueda evitar la crisis que se avecina y que ya resulta tradicional, la de fin de año que cada vez empieza más temprano, así que en el presente ejercicio fiscal la crisis podría acentuarse de menos desde octubre, como ya sucedió en 2017.
Y aunque hay mucho por lamentar, lo que seguramente más molesta a los michoacanos es la opacidad en el manejo de los recursos públicos, que no haya sancionados por el presunto manejo irregular del erario, todo ha quedado en acusaciones de saliva, en compromisos incumplidos y en justificaciones cómodas, como referir que el problema es estructural y la culpa se la han asignado principalmente al ámbito educativo.
En medio de presunta corrupción, impunidad y complicidad entre gobierno y legislaturas, es urgente que la administración actual haga esfuerzos reales y medibles para disminuir la obesa burocracia, hacer el trabajo de forma más eficiente, acabar con las simulaciones y empezar a gobernar para todos y no sólo para sí y los cuates.
Y es que a pesar de que todavía están pendientes los resultados de la Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar que fungió como el artífice de “la Licuadora”, no considero que haya mucho por esperar, los responsables de las presuntas irregularidades son de varios colores, estuvieron como gobierno o diputados, y solo eso es un enorme argumento para fundamentar que habrá total impunidad y será el carpetazo final a la sospecha de corrupción e impunidad que prevalece en torno a la enorme deuda que carga Michoacán.
Así que insisto, de menos, la administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, tendría que dejar sentadas las bases de la estabilidad financiera, por lo que urge que mande más y contundentes señales. Ojalá.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
