En una democracia, lo creas o no; en una dictadura, lo crees o no.
Evan Esar (1899-1995) Humorista estadounidense
El desparpajo con que el gobernador Ramírez Bedolla sugiere a los aguacateros contratarse ellos mismos su seguridad, es la evidencia de la claudicación del estado ante el crimen organizado.
La seguridad, de ricos y pobres, es obligación garantizarla por el gobierno. Bedolla parte de una premisa falsa, amén de cínica: los aguacateros son ricos y por tanto deben pagarse ellos mismos su seguridad. El punto es que los pobres tampoco la tienen, pero estos no reclaman. A fin de cuentas, la posición de Bedolla es la antítesis de la obligación elemental de todo mandatario: la seguridad de los gobernados.
Si no la garantiza, a ricos o pobres, ¿qué justificación tiene un gobernante para mantenerse en el cargo? Poca, o ninguna en realidad.
La declaración de Bedolla es abrir la puerta a la ley de la selva, a sálvese quien pueda, porque con el gobierno no se cuenta.
Bedolla sugiere a los aguacateros que contraten a la Policía Auxiliar, que pese a ser organismo oficial, cobra por sus servicios. Cobra, sí, pero es un cero a la izquierda en efectividad: sus elementos no están preparados para brindar un servicio de tal envergadura como el que requieren los aguacateros, atosigados por el crimen organizado dado su poderío económico.
Patética, y peligrosa, la postura del gobernador michoacano. Es la demostración de que el poder público en el estado se ha rendido ante la criminalidad. En lo dicho, sálvese quien pueda.
Y a la pesadilla, a la actual, ya solo le quedan 78 días. X @jaimelopezmtz
