El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros
Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense
La propuesta del alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, referente a buscar la intervención de la iniciativa privada en la prestación del servicio de alumbrado público en la capital, debe ser analizada con toda seriedad por los diputados, porque tan insano sería que se aprobara sin reflexión alguna, como que se desechara solo por venir de una autoridad sin partido y que, por ende, no tiene una fracción que le respalde y negocie por él al interior del Congreso. Y en su caso, peor, porque su pasado panista le genera un rechazo automático de la bancada azul, máxime que dos de sus piezas fuertes, Carlos Quintana y Miguel Ángel Villegas, tienen en la mira la alcaldía y por tanto harán todo lo posible por minar a Martínez, que obviamente va por la reelección.
En realidad, el edil sabe que no cuenta con el voto de los diputados panistas, que se mueven casi todos a la orden de Marko Cortés, su eterno adversario, que no le perdona que haya abandonado las filas azules y, sobre todo, que él sí haya ganado la alcaldía, el sueño frustrado de Cortés en dos ocasiones. Por tanto, Martínez sabe que debe enfocar sus baterías en convencer a priístas y perredistas, o al menos a la mayoría de ellos.
En ese sentido, lo que debe exigirse de los diputados es que evalúen a profundidad la solicitud del alcalde que, como se sabe, contempla abrir un proceso de licitación para que la empresa ganadora se encargue por diez años del mantenimiento y operación de las casi setenta mil lámparas de la vía pública, que en las condiciones actuales resulta imposible para el ayuntamiento.
El proyecto, en primera instancia y como lo expone Martínez, parece sensato, parece la única alternativa que se tiene para mejorar el servicio del alumbrado público, bastante deficiente históricamente hablando en Morelia. El “problema” es que para cumplir con ordenamientos federales para este tipo de licitaciones, debe contratar un crédito contingente por algo así como 1,200 millones de pesos, que garantice el pago del servicio que prestará la empresa ganadora.
Se prevé que el ayuntamiento no pague más de 14 millones de pesos al mes por ese servicio, que es el monto que de cualquier forma ya eroga al prestarlo por su cuenta, pero sin la capacidad de mejorarlo ni ampliarlo. Por tanto, en términos teóricos, no habría necesidad nunca de echar mano del crédito.
Justo ese punto es el que deben asegurarse los diputados: que el crédito contratado por el ayuntamiento no pueda ser usado en ningún otro rubro. Más aún, que no se use un peso de él ni siquiera en pagar la contraprestación, sino que el ayuntamiento destine en su presupuesto los mismos 14 millones de pesos mensuales para pagarle a la empresa que preste el servicio. Es decir, sería un crédito que se contrataría sólo por formalidad, pero que no se va a utilizar.
Fuera de eso, no parece haber mayor motivo de suspicacia ni de rechazo a la solicitud del alcalde. Habrá que ver si hay en los diputados la madurez para analizarla objetiva e imparcialmente o, como siempre, antepondrán intereses de tipo partidista y hasta personal. Veremos.
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