Ningún hombre es demasiado bueno como para gobernar a otro sin su consentimiento
Abraham Lincoln (1809-1865) Presidente de Estados Unidos
Mucho más sólida que solo notas de medios de comunicación, deberá ser la argumentación de la Contraloría estatal para demandar a los diputados locales instauren juicio político contra el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda.
Según éste, dicha solicitud está basada única y exclusivamente en notas periodísticas que algunos medios de comunicación han manejado recientemente, en las que se advierte de presuntos conflictos de interés en que él podría estar involucrado, al tener bajo su responsabilidad auditar ayuntamientos, como el de Morelia, que aparentemente habrían contratado a empresas ejecutoras de obras pública propiedad de familiares suyos.
Aguirre Avellaneda rechaza las presunciones de conflicto de interés, al aseverar que él no forma parte de ninguna empresa constructora, ni que familiares suyos sean dueños de alguna, aunque acepta que su exesposa sí es socia de una de ellas. En todo caso, si a dicha empresa el ayuntamiento de Morelia sí le contrató alguna obra, es su responsabilidad.
Aguirre se dice perseguido político y afirma que en realidad lo que el gobierno quiere es que renuncie para colocar a un auditor carnal, para no correr riesgos a la hora de auditar las finanzas estatales del año 2022.
La contraloría ha pedido al Congreso del Estado instaure un juicio político al auditor, lo que obviamente llevaría a que fuera separado de su cargo, si se aprueba tal procedimiento. Ciertamente, la acusación de posible conflicto de interés está latente, porque me parece que el auditor debió excusarse de indagar una obra ejecutada por una empresa en la que su exesposa es socia, si es que esto en efecto sucedió. Empero, ese solo señalamiento no parecería tampoco suficiente para el juicio político, porque Aguirre podrá argumentar, primero, que se trata de su exesposa y, segundo, que no puede impedirle a ella formar parte de una empresa dedicada a cualquier actividad lícita.
El problema para la Contraloría es que su demanda al Congreso tiene más carga mediática que jurídica. Habrá que ver la postura de los diputados, sobre todo los de oposición, dado que al bloque oficialista no le alcanzan los votos para abrir el juicio político. Las bancadas panistas y perredistas aparentemente se mantendrían firmes en la negativa del juicio político, pero las dudas se centran en los priístas, sobre todo porque su líder partidista, Guillermo Valencia, anda claramente en romance político con la 4T, en consonancia con su jerarca nacional, el impresentable Alejandro Moreno. Veremos.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 498 días.
twitter@jaimelopezmtz
