Los pueblos indígenas hemos podido ocultar nuestra identidad, porque hemos sabido resistir
Rigoberta Menchú (1959-?) Líder indígena guatemalteca
Que el crimen organizado esté no solo infiltrado, sino que domine en buena medida a las comunidades indígenas, no debe sorprender a nadie. Debe sorprender, acaso, que hasta ahora salga a flote el fenómeno.
Se entiende que lo políticamente correcto sea considerar como “puras” a dichas comunidades, ajenas a todo “mal” que aqueja al resto de la sociedad, como si tuvieran una coraza que las protegiera de la corrupción o del crimen organizado, por ejemplo. En lo absoluto.
Lamentablemente, como han azotado a pueblos y estados completos, los criminales no se han tocado el corazón para incluir a los indígenas. En su lógica, no tendrían por qué.
Y por “tacto” y “sutileza” política, los gobiernos han hecho como que no pasa nada, han vuelto la mirada a otro lado. Mejor no meterse en problemas, y si la idea generalizada es que los pueblos indígenas fueron inmunes a la criminalidad, pues dejémoslo así, sin moverle.
Y esa inacción, ruin, deleznable, trajo consecuencias naturales: muchos pueblos originarios, sobre todo en la meseta purépecha, están siendo hoy carcomidos por la delincuencia. Arantepacua es prueba, pero no excepción.
¿Y los gobiernos no lo sabían? Por supuesto que sí, pero por conveniencia no han actuado. Hoy, es inaplazable hacerlo.
Es deseable en ese sentido que la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se quede en el “caso Arantepacua”. Que inicie ahí, sí, que parta de ahí y que vaya a fondo para saber qué fue exactamente lo que pasó el miércoles de la semana pasada, en un enfrentamiento que arrojó la pérdida de cuatro vidas humanas y la hospitalización de una decena de policías heridos.
Pero aún más valioso sería que Arantepacua sea el punto de partida para una investigación más de fondo, más amplia, que lleve a entender hasta qué punto el crimen organizado ha permeado en la meseta. Y de ahí partir para su combate, claro.
Y tiene que ser la CNDH, porque desafortunadamente no hay más instituciones con la suficiente solvencia moral en el país, como para que su intervención tenga credibilidad y el peso requerido para descubrir qué diablos pasa en la meseta. Las procuradurías, sea la general de la república o la estatal, no gozan de la menor credibilidad. Hay organismos no gubernamentales que sí la tienen, como Alto al Secuestro por ejemplo, pero sin la capacidad para una indagatoria de esa magnitud.
No será el modelo absolutamente incólume, pero la CNDH es lo mejorcito que tenemos en ese sentido. Vamos ya para una semana de los hechos trágicos de Arantepacua. La CNDH comprometió una intervención, pero ésta debe ser profesional, sí, pero también oportuna. Veremos.
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