La justicia es la verdad medida al milímetro
Emma Andievska (1931-?) Artista alemana
El Periódico Oficial del estado publicó la disolución de la Comisión Coordinadora del Transporte, y en su lugar, la creación del Instituto Michoacano de dicho sector. Es de esperarse que el cambio no sea meramente de membrete, sino de fondo, que más allá de llamarse de otra forma, la dependencia gubernamental que regula el transporte deje de ser el nido de corrupción e ineficiencia que históricamente ha sido.
La oficina ha sido modificada permanentemente de denominación. Casi cada gobierno le va dando un giro en su nomenclatura, pero lo que ninguno ha podido es cambiar sus inveteradas debilidades. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no fue la excepción y decidió imprimirle su sello propio, con relativa modificación jurídica: de comisión pasa a instituto. La explicación de su titular, Juan Daniel Manzo Rodríguez, tampoco es que ayude mucho a clarificar si el cambio es cosmético o con cierta profundidad:
Que sea ahora instituto, dice Manzo en un comunicado de prensa, generará “mejores condiciones, mayor efectividad en los trámites y procesos, fortalecimiento y eficiencia en la regularización del sector, así como una mejora en el equipamiento tecnológico”. O sea, nada en concreto que explique cómo y porqué se producirán esas “mejoras”, lo que hace presumir que no hay claridad en el paso de comisión a instituto.
De entrada, habrá que decir que el cambio estructural debió haber consistido, pero desde hace mucho tiempo, en que el gobierno estatal se deslindara de la atribución de “regular” el sector transportista, al menos el de corte urbano. En realidad, esa deber ser una función de cada municipio, no porque fuera a reducirse su corrupción, sino porque al menos habría congruencia entre las políticas de vialidad, que son municipales, y las del transporte, en cuanto a rutas, sentido de las calles, horarios, etcétera.
Pero dado que el gobierno estatal no dio ese paso, habría que exigirle que, con comisión o con instituto, aplique medidas radicales para combatir la corrupción de sus inspectores y no pocos funcionarios, lo mismo que contenga la colusión con determinados líderes del sector, reduzca tramitología pero sea más drástico en la vigilancia de la entrega de concesiones y luego en su operación. Y, tanto o más importante, que se entienda que esa oficina debe velar por los intereses de los ciudadanos que usan el transporte público, no por los caciques de éste. Cuanta medida se adopte debe ir pensada en el usuario, antes que en el concesionario.
Como sea, ya está en funciones el cambio. Veremos qué tanto de estructural tiene.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 283 días.
X@jaimelopezmtz
