La política saca a flote lo peor del ser humano
Mario Vargas Llosa (1936-?) escritor peruano
Finalmente, sólo dos despachos especializados se inscribieron para participar en la licitación para la realización de la auditoría forense de la Cuenta Cargos por Aplicar de la contabilidad del gobierno del estado, del 2002 al 2014, ordenada por la Cámara de Diputados local al Ejecutivo.
Son sólo dos, sí, pero francamente al ver cuáles son, sus antecedentes y el nivel que en el mundo de las auditorías de alta especialidad tienen, parece quedar la sensación de que ahora sí podrá realizarse un trabajo de profundidad, serio, imparcial, objetivo, profesional y, sobre todo, sin condicionantes de tipo político en ningún sentido.
¿Por qué lo digo?, bueno, porque los dos despachos que levantaron la mano para inscribirse en la licitación, proceso que ya concluyó, fueron KPMG y Ernst And Young.
La primera, KPMG, según Google “es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países”. Sus oficinas centrales se encuentran en Holanda y su presidente es John B. Veihmeyer. Su número de empleados da idea del monstruo de empresa que es: 123,000.
Por su parte, Ernst And Young, mundialmente conocida sólo como EY, es una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, servicios de cálculos, entre otros servicios similares, también según Google. Su sede se encuentra en Londres, Inglaterra y tiene la friolera de 190 mil empleados en todo el mundo. Su director a partir de 2013 es Mark Weinberger.
De entre ellas, el Comité de Adquisiciones del gobierno estatal deberá decidir la que realice la auditoría forense a la referida cuenta gubernamental. Evidentemente, el que no sea un despacho michoacano ya es ganancia, para evitar conflictos de intereses, dudas respecto de su capacidad y objetividad. Incluso, que no sea mexicano también parece sano, igualmente para evitar esos riesgos. Realmente lo mejor que podía ocurrir es que un despacho internacional se interesara en practicar esa auditoría en Michoacán, y si es alguno del calibre de KPMG o Ernst And Young, qué mejor, parece garantizarse la calidad del trabajo.
Esa es la buena. Digamos que la mala es que son despachos que no cobran mil ni cinco mil pesos por su trabajo. Cobran mucho más que cualquiera nacional o estatal. De hecho, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal estima que el costo rondará los 50 o 60 millones de pesos, o su equivalente en dólares, o euros, como parece ser el caso.
Pero en la balanza, claramente pesa más el aspecto positivo. Estoy seguro que cuando el Congreso del Estado aprobó el decreto para ordenar al Ejecutivo que contratara, mediante licitación, a un despacho que practicara una auditoría forense a la señalada cuenta, si bien se prendieron las luces rojas en los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo y en sus respectivos gabinetes de finanzas, en el fondo supusieron que, como siempre, se trataría sólo de una investigación entrecomillada, de ornato, superficial y que en todo caso la realizaría algún despacho “amigo”, estatal o nacional, con el cual podría “negociarse” que no se implicara a nadie de las cabezas de esos gobiernos, y acaso se redujera todo a alguna sanción a determinado jefe de departamento y de ahí no pasara.
Pero hoy, al conocerse que de entre alguna de esas empresas europeas saldrá la que realice ese trabajo, debe existir enorme preocupación en el lazarismo, el godoyismo y el faustimo, porque no se ve cómo puedan influir en auditores del prestigio de los europeos, que no se prestarían a “cochupos” al estilo mexicano o a torcer resultados por conveniencia política. Bueno, eso supongo por el tipo de despachos de los que hablamos.
Y es que no puede olvidarse que la Cuenta Cargos por Aplicar, inventada en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, fue el gran medio por el cual ese y los dos gobiernos subsecuentes, desviaron partidas presupuestales con discrecionalidad casi absoluta. El desfalco financiero de Michoacán en los últimos quince años, no puede entenderse sin esa cuenta, que hoy se auditará a profundidad. Los europeos literalmente irán por los muertos que quedaron guardados en el clóset. Ya que vamos a erogar 60 millones de pesos en ese estudio, es de esperarse que arroje luz sobre las corrupciones y el inmoral desvío de dinero público desde el 2002 al 2014, año en que se canceló la referida cuenta. Y, por supuesto, que quien la hizo, la pague. Veremos.
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