Es mejor fallar en la originalidad, que triunfar en la imitación:
Hernán Melville (1819-1891) Escritor estadounidense
Un joven oriundo de California, avecindado en Uruapan, es secuestrado en esa ciudad. Se activa el llamado “código rojo” que alerta a corporaciones policiacas. Un grupo de militares logra ubicar la camioneta en la que los delincuentes llevan al joven privado de la libertad, marcan el alto pero reciben disparos. Ellos responden y se desata un fuego cruzado en el que muere un secuestrador, otro resulta herido y es detenido…pero también muere la víctima.
El suceso tuvo lugar la semana pasada, y claramente deja en claro dos hechos irrefutables: el protocolo de alerta sí funciona, y las fuerzas castrenses no deben realizar tareas de seguridad.
Es claro que las corporaciones policiacas son preparadas para enfrentar escenarios de crisis, como la manera en que deben reaccionar cuando se confronten con delincuentes si entre éstos va una persona secuestrada. Son protocolos con los que deben ser adiestrados en las academias de formación policial. Que los apliquen o no en la vida real, es otra cosa, pero los conocen. Empero, no es el caso de los elementos de las fuerzas armadas, que no cuentan con dicha capacitación. Su formación es otra.
Empero, no conocer de esos protocolos, no les exime de la responsabilidad por la pérdida de la vida del joven secuestrado, porque independientemente de ello hay algo que se llama sentido común. No se entiende cómo es que los elementos castrenses entraron en un fuego cruzado con los delincuentes en Uruapan, si sabían que en la camioneta viajaba también el adolescente secuestrado.
Si ya tenían ubicada la unidad, la lógica indicaría que debieron mantenerla a la vista, solicitar apoyo y cercarla, para tratar de que ante una notoria inferioridad, los secuestradores se entregaran. Y en caso extremo de verse obligados a repeler agresión, no disparar indiscriminadamente al vehículo, para no poner en riesgo la vida de un inocente. Todo eso lo sabe un policía, de cualquier nivel, pero no un soldado. Y he ahí el trágico desenlace.
De ello, pues, debe colegirse que las tareas de seguridad pública no deben recaer en las fuerzas castrenses, sino en las civiles. Cierto, estas últimas se encuentren medularmente corrompidas y cooptadas por el crimen organizado, pero volverlas confiables es el reto. Los militares dan estabilidad en otro sentido, pero lo suyo no es la seguridad pública y lo de Uruapan es solo un botón de muestra.
X@jaimelopezmtz
