Los políticos son iguales en todas partes: prometen construir un puente incluso donde no hay río.
Nikita Kruschev (1894-1971) Dirigente de la Unión Soviética
La independencia y autonomía de los órganos electorales, INE y TRIFE, ya fueron puestas a prueba hace apenas unas pocas semanas, y ninguno salió bien librado. Empero, tienen una segunda y probablemente última oportunidad para recuperar la confianza ciudadana, hoy en entredicho con justificada razón.
El trago amargo para su credibilidad, lo vivió primero el INE a principios de septiembre, cuando dio la espalda al espíritu legal y a la democracia misma, y entregó a la 4T veinte por ciento más de espacios legislativos de los que le correspondía en función de los votos obtenidos el dos de julio, lo que le permitió alcanzar la mayoría calificada, suficiente para jugar con la Constitución a placer. El TRIFE, para no quedar atrás, también dio la espalda a la democracia y avaló la aberrante decisión del INE.
Para qué quiere la 4T esa mayoría legislativa, ya lo constatamos: empezó por avalar la destrucción del Poder Judicial, y enseguida vienen otras reformas igualmente pulverizadoras del estado de derecho.
Pero INE y TRIFE tienen otra oportunidad para recuperar la credibilidad extraviada: deben decidir qué postura legal adoptan en el choque de trenes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, frente al Judicial. Resulta que tanto la presidenta Sheinbaum como los altos mandos cuatroteístas del Senado y la Cámara de Diputados, están presionando al INE para que desacate la resolución de la Corte, en el sentido de suspender la organización de las elecciones de jueces y magistrados, hasta en tanto resuelve de fondo la constitucionalidad o no de la reforma judicial recién aprobada por el Legislativo.
En un régimen democrático, el INE no debiera tener dudas y acataría sin chistar la orden judicial, pero resulta que estamos en ciernes de una dictadura, donde ese tipo de resoluciones se aceptan si el Ejecutivo las avala o no.
Si el INE acata la orden judicial, enfrentará la ira de la presidenta, y si no lo hace estará en desacato, que según la Constitución lleva a la destitución y a sanciones penales. El INE ha decidido protegerse y ha pedido al TRIFE que se pronuncie al respecto, ignorando que la Corte está por encima de ese tribunal.
No acatar, sería la última palada de tierra a la credibilidad de los organismos electorales. No tendrían otra oportunidad. Sabremos en ese momento que la democracia pasó a mejor vida en México. Veremos.
