El pueblo no debería temer a sus gobernantes; los gobernantes deberían temer al pueblo
Fragmento de la película V de Vendetta
La extorsión ha obligado a empresarios, comerciantes profesionistas, locatarios, y prácticamente a cualquiera dedicado a la actividad productiva que sea, a una doble tributación: al fisco y al crimen organizado.
Y para dar una idea de la magnitud del sometimiento de los cárteles, baste echar un vistazo al video que subieron al Facebook víctimas del incendio provocado en tres tianguis de venta de autos usados en Uruapan, que los destruyó prácticamente en su totalidad: veinte unidades deshechas por el fuego. En el video, no solo despotrican contra el gobierno y el presidente López Obrador, sino que dan a conocer que los delincuentes les exigían un millón de pesos, sí, ¡un millón de pesos! para “permitirles” seguir trabajando. Como no pagaron, les destruyeron el negocio.
Eso obliga a inferir que los demás sitios que siguen laborando con supuesta normalidad, es porque sí pagan cuota obligatoria al crimen organizado. Lo mismo con cualquier otro tipo de centro productivo. Es decir, en el México de hoy solo opera con “normalidad” el que paga cuota. Ayer comentábamos el caso del complejo TextiCuitzeo, también incendiado intencionalmente el fin de semana. Un día antes había tenido lugar el siniestro en Uruapan. Hace unos meses en antros de esta capital, y un etcétera preocupantemente infinito.
Y si los cárteles no se tocan el corazón para cobrar, el gobierno tampoco. Vía Hacienda, obliga al pago de impuestos fiscales, legales pero inmorales. Legales, porque ciertamente son parte de las obligaciones que tenemos los ciudadanos de aportar parte de nuestros ingresos y utilidades, para que el gobierno nos los devuelva en servicios, el más importante de los cuales es justamente la seguridad. Y dado que el gobierno no cumple con su parte, es que el cobro de impuestos en el México de hoy debe considerarse inmoral.
Eso sí, todo aquel que realice una actividad productiva, debe contemplar en sus proyecciones financieras y contables, ya no solo el pago de impuestos al fisco, sino también al crimen organizado. Fallarle al fisco acarrea sanciones administrativas, multas o incluso la cárcel. Fallarle a los delincuentes deriva en violencia, destrucción de bienes y en no pocas ocasiones, en muerte.
Dada su inoperancia, el gobierno debiera al menos ser más flexible con los causantes. Con su política fiscal de garrote, de facto se convierte en aliado del crimen organizado. Los ciudadanos tenemos a dos “amos” que atender, si es que queremos preservar bienes y la vida misma.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 262 días.
X@jaimelopezmtz
