La democracia perfecta solo puede existir en una sociedad de ángeles
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Polímata suizo
Apenas unas horas después de la muerte de 39 migrantes centroamericanos, ocurrida al incendiarse la Estación Migrante de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas concretas y radicales para evitar que vuelvan a suceder tragedias de ese tipo.
Primero, dio a conocer que ha pedido la renuncia de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, respectivamente, en virtud de que la operación de las estaciones migratorias, como parte de la política pública del gobierno mexicano en torno al fenómeno de la migración, es responsabilidad compartida de ambas dependencias.
Enseguida, López Obrador anunció que se trasladará de inmediato a Ciudad Juárez para supervisar personalmente el cumplimiento de todos los trabajos institucionales luego de la tragedia, desde las facilidades para el reconocimiento de los cadáveres por parte de los familiares, hasta el inicio de las investigaciones vinculadas al siniestro. Estará en la ciudad fronteriza, precisó, el tiempo necesario para cumplir esos compromisos.
El mandatario informó igualmente que ha firmado un decreto de urgente aplicación, para desaparecer al Instituto Nacional de Migración, que históricamente ha representado un flagelo para los migrantes, al tenerse acreditados casos de entrega de éstos a los cárteles de la criminalidad, vejaciones, violaciones y corrupción en contra de los ciudadanos de otras nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos vía nuestro país, entre muchos delitos más.
En ese sentido, anunció un giro en la política migratoria de México, que incluye la creación de una nueva dependencia que sustituya al INM pero bajo criterios de transparencia y humanidad en su actuación, y la cancelación de las llamadas “estancias migratorias”, que en realidad operan como cárceles ilegales y violatorias de los más elementales derechos humanos.
Asimismo, precisó que México dejará de hacer el “trabajo sucio” a Estados Unidos en cuanto al tema migratorio, y que la Guardia Nacional no será más “la migra” mexicana.
Y si bien reconoció que investigar y sancionar a los responsables directos e indirectos de la tragedia, es responsabilidad de las fiscalías estatal y de la República, advirtió que vigilará personalmente que se aplique la ley, sin chivos expiatorios, para que no haya impunidad.
A los familiares y a los países de donde eran originarios los migrantes que murieron, ofreció una disculpa, y a las familias en particular una indemnización a manera de reparación del daño, en la medida en que esto sea posible materialmente hablando.
Se trata, enfatizó, de que la tragedia sirva al menos para dar un giro de 180 grados en la forma de que México ha conducido el fenómeno migratorio. “Nuestro país volverá a ser el país hermano de los migrantes, solidario, humano, el que garantiza sus derechos humanos. Nunca más muertes de hermanos migrantes atribuibles al gobierno”, advirtió.
Esa es la nota que me hubiera gustado redactar. Lamentablemente, la realidad fue, es otra diametralmente distinta.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 551 días.
twitter@jaimelopezmtz
