Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador hindú
Por donde se le vea, es sano que diriman cuanto antes posible sus diferencias, los poderes Ejecutivo y Judicial de la entidad. La criminalidad avanza y lo peor que puede pasar es que dos de los tres poderes públicos se confronten en la temática de la aplicación de las leyes relacionadas con la justicia y la inseguridad. El único que gana es el crimen organizado.
Los últimos días han sido particularmente complicados en la relación entre ambos poderes en Michoacán, con acusaciones mutuas sobre la responsabilidad de cada uno en la incidencia delictiva. Por eso, es importante que este jueves hayan comenzado el proceso de cicatrización los titulares de ambos poderes, el gobernador Silvano Aureoles y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete.
Pero lo fundamental será que no quede sólo en la foto y en el comunicado conjunto, que eso poco significa. Lo medular es que entiendan ambos servidores públicos, que en sus respectivas áreas vinculadas con la justicia hay lagunas, yerros, deficiencias, corrupciones, y que sólo el reconocimiento de esa realidad permitirá avanzar en su solución.
Del lado del Ejecutivo, es evidente que la Procuraduría General de Justicia sigue siendo una piedra en el zapato, porque las inveteradas prácticas de corrupción en los ministerios públicos, su tradición de fabricar culpables y la de exonerar a quienes sí lo son por razones económicas, no han cesado, por el contrario, siguen más vigentes que nunca. Poco, muy poco se ha avanzado en terminar con esas prácticas.
Y por supuesto que del lado del Poder Judicial, los jueces y demás funcionarios de juzgados no son un dechado de pureza, ni nada cercano. La corrupción y el torcer la ley son recurrentes igualmente, amén de su proclividad a la opacidad y a la falta de rendición de cuentas.
Si el Nuevo Sistema de Justicia Penal no ha funcionado ni servido para mejorar la seguridad de los mexicanos, en este caso de los michoacanos, es no sólo porque ciertamente parece poner más énfasis en que las cárceles no estén saturadas, aligerando penas y haciendo más fácil la salida de los delincuentes, sino por la corrupción y la aplicación de la ley y la justicia absolutamente inmoral lo mismo en los ministerios públicos que en los juzgados.
De ahí, pues, que se requiera un ejercicio de autocrítica en ambos niveles del poder público relacionados con la procuración y la impartición de la justicia; reconocer debilidades y avanzar juntos en su solución. El primer paso para iniciar esa remontada, digamos que está dado, con la “reanudación” de relaciones entre los titulares de ambos poderes. El segundo, el más importante, vendrá en la medida en que los dos reconozcan sus respectivos lados flacos y convengan una estrategia conjunta para mejorar la aplicación de la justicia. Veremos.
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