Es preferible una paz injusta a una guerra justa
Samuel Butler (1835-1902) Escritor inglés
Es evidente que el conflicto entre la Universidad Michoacana y la Secretaría de Educación en el Estado, por la posesión del inmueble en el que opera la Escuela Secundaria Popular Carrillo Puerto, escaló innecesariamente más, mucho más de la cuenta, a grado de hacer su arribo a la mismísima mañanera de Andrés Manuel López Obrador.
Visto sin apasionamiento, con la mayor objetividad posible, es claro que se trata de un asunto relativamente nimio, de fácil resolución, sobre todo si se le compara con otro tipo de problemas que tanto la Universidad como la SEE, enfrentan en sus respectivos quehaceres institucionales.
En estricto sentido, el conflicto no debió salir del ámbito entre las dos dependencias, pero ya que así ocurrió, sería obligación del propio gobierno del estado intervenir y mediar por una solución. Puede decirse que en las dos partes hay una dosis de razón: legalmente el inmueble que ocupa la escuela, a espaldas del Colegio de San Nicolás, es propiedad universitaria. La Rectoría lo demanda porque el alumnado de San Nicolás ya saturó el edificio y requiere más espacios. Ahí no hay duda. Los estudiantes de la Carrillo Puerto, por su parte, apelan a la importancia de no ver afectados sus estudios, factor sin duda a considerar. Es válido el argumento.
No ayuda, hay que decirlo, la posición indiferente de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, que en respuesta a un oficio de la rectora Yarabí Ávila parece querer desligarse del problema, cuando en realidad es parte toral, dado que la Secundaria tiene registro ante la SEE, ésta la ha acreditado y por ende forma parte de su estructura institucional.
Así las cosas, queda claro que con un mínimo de voluntad de las partes la solución está al alcance de la mano sin mayor problema: un acuerdo entre Molina y Ávila para aplazar algún tiempo razonable la mudanza de la Secundaria, digamos unos seis meses, en tanto la SEE encuentra otro espacio, sería lo más viable y sensato. Seguramente la rectora nicolaita aceptaría la prórroga si ve compromiso concreto de Molina. El secretario de Gobierno como mediador y garante del cumplimiento de un eventual acuerdo en ese sentido, sellaría la solución. Perdón, pero es trámite de párvulos.
No se entiende que a estas alturas no se haya concretado un acuerdo en ese sentido, y López Obrador haya manejado el tema en su mañanera de este lunes, siendo un conflicto por entero local. La “solución” del presidente fue que intervenga la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, solo que en estricto sentido ésta no tiene ninguna injerencia. Pero no habla nada bien del manejo político a nivel local que un asunto tan focalizado en el ámbito estatal, trascienda a la Presidencia de la República.
Como sea, veremos si hay capacidad y, sobre todo voluntad, para no seguir complicando las cosas fáciles de resolver.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 276 días.
x@jaimelopezmtz
