Lo importante es saber cuándo hablar y cuándo callar
Séneca (04 a.C. – 65 d.C.) Filósofo romano
Aunque no con la celeridad que el caso ameritaba, por fin el secretario de Seguridad Pública, y jefe de la Guardia Civil, José Alfredo Ortega Reyes, tomó cartas en el deleznable ilícito de cinco de sus elementos, grabados al asaltar, golpear y cerca de matar a un joven en pleno Centro Histórico. Ha ordenado su baja y los ha puesto bajo la jurisdicción de la Fiscalía Estatal, para que ésta les instaure un expediente penal.
Es difícil saber si Ortega Reyes tomó esa determinación por voluntad propia, o en acatamiento a una instrucción del gobernador Ramírez Bedolla. Dicen los que lo conoce que no es proclive a sancionar al personal bajo su mando, sobre todo porque eso significa reconocer que las cosas no caminan bien en su dependencia.
De ahí que resulte más lógico suponer que a regañadientes pero tuvo que cumplir una orden del gobernador, quien habría dimensionado la gravedad del caso y que las críticas fundadas en medios y redes seguirían escalando si no se actuaba con drasticidad en contra de los policías que cometieron un evidente abuso.
Es claro que Bedolla entendió que el fuego le llegaría a él mismo, así que habría decidido lo sensato: podar por donde era debido.
Como sea, el caso debe llevar al general Ortega Reyes a realizar una profunda y meticulosa revisión de su personal, desde los métodos de selección, la capacitación, su operación en calle, los protocolos de supervisión interna y las sanciones para los elementos que traicionan el uniforme y se ponen el de viles delincuentes, como es el caso de los cinco involucrados.
Mal hará Ortega si supone que el episodio fue un prietito en el arroz, un hecho excepcional. Lamentablemente se trata de una práctica nada anormal, que si bien no es una generalidad, sí es sistemática: el abuso de la Guardia Civil en contra de ciudadanos, que la mayor parte de las ocasiones en que son víctimas prefieren no denunciar, por fundado temor a represalias.
En esta ocasión, hubo un video que ayudó a dar con los delincuentes disfrazados de policías, pero sobre todo valió la intervención del alcalde Alfonso Martínez que no quitó el dedo del renglón en denunciar esos abusos de la Guardia Civil.
Pero no siempre habrá cámaras de video que registren los hechos, ni tampoco todos los abusos llegarán a oídos del alcalde, por lo que lo realmente importante es que se cuente con protocolos y controles en la actuación de policías estatales, que reduzcan los riesgos de excesos al salir a las calles supuestamente a dar seguridad a los ciudadanos.
Si el episodio no deriva en una completa y profunda revisión de los protocolos de trabajo de la Guardia Civil, así como en una sanción ejemplar a esos cinco malos elementos, el reclamo social no se hará esperar y la exigencia de cambios al más alto nivel de la SSP le llevará al gobernador a tomar también cartas en el asunto. Veremos.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 389 días.
X@jaimelopezmtz
