Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) Científico alemán.
La acusación es de altísima gravedad y obliga a una respuesta firme del secretario de Seguridad Estatal: el alcalde Alfonso Martínez ha denunciado que elementos de la Guardia Civil, es decir, de la Policía michoacana, han tomado por sistema la práctica de asaltar a ciudadanos, para lo cual primero ocultan el número de la placa de su patrulla y luego les roban no solo dinero y bienes, sino también sus documentos para identificar el domicilio de la víctima y así poder ubicarlo si ésta presenta alguna denuncia.
El edil presenta incluso ejemplos concretos del presunto abuso de efectivos de la Guardia Civil y aunque reconoce también sentir temor al denunciarlos, advierte que lo seguirá haciendo en su papel de representante de los morelianos.
Solo por el hecho de provenir del presidente municipal de la capital, el jefe de la Guardia Civil, el secretario de Seguridad Pública, estaría obligado a prestar atención a la denuncia, pero ésta fue expuesta en medios de comunicación la mañana de este lunes, y por la noche aun el jefe policiaco se mantenía en mutis total, lo que bien puede traducirse en intentar tender un manto de impunidad para sus subordinados.
La denuncia es sumamente seria. Los policías que tienen la función de velar por la seguridad de la ciudadanía, estarían siendo los primeros en agraviarla, nada más y nada menos que asaltándola, vejándola. Bajo ninguna circunstancia es justificado que el general José Alfredo Ortega Reyes no haya tomado cartas en el asunto. Aun si fueran denuncias de ciudadanos en lo particular, debiera haber respuesta del jefe policiaco, con mayor razón si los señalamientos los hace el mismísimo alcalde.
Ya es demasiado frágil la imagen y la confianza ciudadana en los policías, los supuestos guardianes del orden, como para que todavía les cobijemos actos tan reprobables como los denunciados por Martínez Alcázar. De hecho, el mismo gobernador Ramírez Bedolla debiera abordar el asunto, ordenando a Ortega una investigación a fondo. Veremos.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 392 días.
X@jaimelopezmtz
