La prensa es la artillería de la libertad
Hans Dietrich Genscher (1927-2016) Político alemán
Este lunes, el gobierno del estado inicia una serie de encuentros con el gremio periodístico con el objetivo de llegar a materializar una Ley de Protección a Periodistas. El camino no será fácil, pero si se parte que por ahora Michoacán no cuenta con una legislación en la materia, habrá que coincidir que algo es mejor a nada.
A raíz de la desaparición de Salvador Adame, director del canal de televisión de Nueva Italia, se reactivaron tanto en el poder público como en el propio gremio periodístico, las alarmas que advierten la necesidad de contar con un mecanismo legal de protección a comunicadores, sobre todo apuntando a la vertiente de seguridad física en función de su trabajo.
Es deseable que a ello se orienten las baterías de la legislación en puerta. Lo comento porque hay una fuerte tendencia en algún sector del gremio, a incluir en la legislación aspectos como la seguridad social del periodista, pero no en cuanto a sus percepciones salariales y dotación de cobertura del IMSS e Infonavit, que sería ocioso repetir dado que son obligatorios al ser un precepto federal, sino en demandas como la “obligación” gubernamental de dotar de terrenos o vivienda a los comunicadores, o de garantizarles acceso a servicios de salud, o canalizar los recursos financieros requeridos para la “capacitación” y actualización de ellos.
Y es que resulta que el gobierno no es la parte patronal de los periodistas, huelga repetirlo. El reportero, si trabaja en una empresa, tiene un patrón, que es ella, la empresa, y ella es la que debe cumplir los requerimientos que la ley consagre. El gobierno no tiene ninguna obligación de tipo laboral con el periodista. Su obligación, en todo caso, es generar y hacer respetar el marco legal propicio para la seguridad del periodista, como la tiene con cualquier otro sector de la sociedad.
La creación de una Fiscalía especializada que atienda amenazas o ataques a periodistas; el diseño de una logística que dé respuesta rápida y eficaz a las alertas en caso de peligro, y un mecanismo ágil para dar seguridad física a ellos y sus familias ante escenarios de amenaza y peligro son, entre otros muchos, los rubros que, a mi juicio, debe englobar la legislación en la materia, pero no, insisto, temas relacionados con la “protección social”, porque éstos pueden camuflarse fácilmente con formas de dádivas y, por tanto, de corrupción en la relación gobierno-medios.
En los archivos del Congreso del Estado están arrumbadas algunas iniciativas de Ley de Protección a Periodistas. Hay la indicación del gobernador Silvano Aureoles de iniciar este lunes foros y encuentros de su área jurídica y de comunicación social con representantes del gremio periodístico, para perfilar una iniciativa que complemente o, si es necesario, supla la que duerme el sueño de los justos en los cubículos de los diputados.
La orientación señalada es, por supuesto, mi apreciación. La haremos llegar y escuchar las que en otros sentidos se expongan, que para eso son dichos foros. Veremos en qué desembocan. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
