Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad
Séneca (4 a. C.- 65 d. C.) Filósofo romano
Lo de la Universidad Virtual está tomando dimensiones de escándalo, que obligan al gobernador Ramírez Bedolla a remover al rector David Mendoza Armas y a separar a Mariana Sosa, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, de la investigación sobre las múltiples irregularidades que siguen brotando en esa institución.
Primero, fue el señalamiento de que el porcentaje de materias equivalente permitidas para cursar un posgrado, se ha violado en 34 casos, incluido el del propio rector. Éste aseguró que el reglamento permite hasta 80 por ciento y el sindicato afirma que es solo del 70. El problema es que RESPUESTA comprobó que el doctorado de Mendoza Armas se obtuvo gracias a que él se autorizó a sí mismo una equivalencia del cien por ciento.
Pero ahora se suma un alud de irregularidades más graves aún: la institución no habría recibido ningún recurso económico por el posgrado cursado por la mayor parte de esos 34 casos, es decir, a éstos se les condonó el pago por el trámite, en detrimento de las finanzas de la institución, que absorbió los costos de manera ilegal. Además, no existen en muchos de esos casos también, documentos que avalen oficialmente que los alumnos que solicitaron la equivalencia de materias, hayan efectivamente cursado una carrera o un posgrado en otra universidad. Gravísimo, porque ahí ya estaríamos en el terreno abierto de corrupción.
Y por si fuera poco, el programa de Control Escolar fue hackeado en diciembre anterior, pero hay la sólida sospecha de que en realidad se habría tratado de un auto sabotaje de la institución para borrar todo vestigio de ese cúmulo de irregularidades.
Los problemas para la Universidad Virtual, pues, lejos de amainar, se incrementan, lo que va labrando día a día la imagen de auténtica “universidad patito”. Por dignidad, el rector Mendoza debiera renunciar, aun si el gobernador no lo separara del cargo. Y Mariana Sosa, también por dignidad, debiera renunciar a encabezar la investigación sobre todos esos señalamientos, por el burdo conflicto de interés en el que está envuelta, al ser al mismo tiempo alumna del doctorado en la institución. Es decir, está siendo juez y parte. Solo que ese término, dignidad, parece haberse desprendido del diccionario personal de ambos personajes.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 242 días.
X@jaimelopezmtz
