Indudablemente, el Ciclo Escolar 2016-2017 ha resultado atípico respecto a la inercia que arrastraba nuestro sistema educativo estatal. Es importante señalar que la administración actual ha difundido una serie de acciones emprendidas y avances respecto al ejercicio de sus atribuciones que sus predecesores no habían logrado.
Sin menoscabo de las cifras divulgadas, cabe señalar que tan trascendente como alcanzar resultados y mover los indicadores educativos será difundir las rutas para lograr las metas. Más aún, cerrar exitosamente este ciclo escolar implicará resolver asuntos pendientes o en tránsito que requieren cabal finalización para poder iniciar una nueva etapa en lo que a la educación estatal respecta.
Especial atención merece que la sociedad michoacana conozca el avance en cuanto a la implementación de la normatividad vigente en materia educativa, modificado hace algunos años y que en la entidad todavía no se ha logrado aplicar a plenitud. Al respecto, es preciso esclarecer también si existe casuística pendiente de resolver, de qué índole, en qué magnitud y cuál es el plan de acción para resolver las irregularidades que afectan a aquellos quienes se han decantado por apegarse a lo establecido en la ley, especialmente maestros, personal con funciones directivas y estudiantes.
En cuanto respecta a la evaluación docente, existen temas específicos en los que se requiere explicitar tanto el procedimiento, como las cifras, los nombres y perfiles de los participantes, sus resultados en la evaluación y las acciones resultantes realizadas, tales como los siguientes:
a. Examen de ingreso al servicio profesional docente
b. Examen de permanencia en el servicio profesional docente
c. Examen de promoción en el servicio profesional docente.
Aunado a lo anterior, se espera información respecto a la cobertura, ubicación de los planteles y porcentaje de aplicación de la Prueba PLANEA, a reserva de que la difusión de los resultados concretos se dé.
También resultará importante que se transparente la aplicación de programas de infraestructura educativa, a la par que se aclaren los montos, mecanismos de elegibilidad y designación y padrón de escuelas beneficiadas.
Resulta asimismo preciso, que al corte de este ciclo escolar, se informe a la opinión pública respecto al estado que guardan los indicadores socioeducativos, especialmente los relacionados con rezago (analfabetismo, cobertura, condiciones físicas de los planteles escolares, escolaridad, deserción escolar, rezago educativo, etc.) y acciones emprendidas o a implementarse para mejorar la situación, así como cifras comparativas respecto a ciclos escolares pretéritos.
Cabe señalar que no solamente es la Secretaría de Educación en el Estado quien debe trabajar intensamente en el cierre del ciclo escolar y en la construcción de una nueva etapa en la educación estatal, ya que resultará decisivo el trabajo denodado y conjunto, el respectivo acompañamiento y comprometida intervención de la LXXIII legislatura en acordar respecto al marco normativo para coadyuvar a la efectividad y a la transparencia en el ámbito educativo, por ejemplo en lo que respecta a vincular el pago de nómina magisterial estatal con acciones de transparencia análogas a las que las plazas federalizadas ya poseen; así como en establecer reglas de operación que estén firmes y consolidadas, con comités de transparencia ciudadanos y sanciones estrictas estipuladas para todo proceso que implique programas socioeducativos, para garantizar que atiendan exclusivamente a las necesidades que son su razón de existir; asimismo, en lograr que se dé la presentación de la reingeniería de la Secretaría de Educación en el Estado, con un informe detallado de los montos destinados para tales efectos, los despachos intervinientes y la propuesta final, que debe estar acompañada de un plan de austeridad para la citada dependencia, del cual se debe de dar cuenta de los montos ahorrados, bajo qué conceptos y cómo ha sido redireccionado el recurso; y cuáles medidas se han tomado para tales efectos, así como los resultados de una auditoría integral, que comprende la obra pública, las finanzas y recursos humanos. Mas aún, continúa pendiente lograr armonizar la Ley Estatal de Educación con el marco legal federal.
Regresando a revisar los pendientes que están en manos de la SEE, en materia de recursos humanos es en donde sin duda se acumulan los asuntos inconclusos para cerrar debidamente el Ciclo Escolar. Por ejemplo, se requiere transparentar a fondo los procesos de la 12° y 13° etapas de jubilación, tanto con el personal docente como el de apoyo a la educación y explicitar qué ha pasado desde 2013 a la fecha con las plazas de los trabajadores de la educación que han causado baja, explicitando los nombres, fechas de ingreso o baja de todas las claves de las plazas que se han modificado durante este periodo y explicando los procedimientos de asignación de las mismas.
Como un caso coyuntural, ya que ha sido puesto el tema sobre la mesa tanto por el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, como por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, es preciso socializar la situación de las claves duplicadas en Michoacán, rindiendo cuentas respecto a cuántas había inicialmente, cuántas restan de regularizar, cuál ha sido el proceso emprendido para tales efectos, quienes fueron los beneficiarios y los perjudicados, respetando sus derechos ARCO y la presunción de inocencia, pero en aras de ejercer el principio de máxima transparencia, clarificando especialmente cuáles han sido las consecuencias que se han derivado de tales irregularidades para los infractores de la ley.
Asimismo, es pertinente visibilizar a detalle el proceso de ingreso, de egreso, titulación y contratación de normalistas en los últimos tres años, detallando los nombres de todos los participantes y beneficiarios, los tipos de contratos recibidos, temporalidad y montos erogados.
Ante los hechos violentos y protestas de los militantes del movimiento normalista, es pertinente que por fin se presenten ante la sociedad estatal, evidencias de la regularidad de las actividades sustantivas de las escuelas normales, tales como listas de asistencia, evaluaciones periódicas, nombres de los maestros de los normalistas participantes y evidencias de sanciones ante el abandono escolar. Asimismo, que se dé cuenta de los compromisos entablados entre las normales, movimientos de estudiantes y la autoridad educativa estatal.
Y como se trata de reclamos ante salarios y bonos ya devengados, es momento también que existan cuantas claras en torno a los adeudos financieros de todo tipo con las fracciones magisteriales, así como los acuerdos y minutas entablados al respecto, para que de esta manera no cunda la desinformación.
En paralelo; pero desde la mesa política de la educación estatal, parece que existe una pulsión por desarrollar por parte de actores políticos que temporalmente ocupan responsabilidades públicas en el sector educativo, así como por cúpulas sindicales, por dominar la zona conurbada de Morelia.
Hace años, en este mismo espacio, se denunció esta obsesión por tener control periférico en su zona suburbana. Si bien, se siguen disputando los planteles de educación básica y de educación media-superior al interior de la ciudad y sus tenencias, resulta pertinente apuntar que esta ansiedad de controlar políticamente a los planteles se ha difundido a los municipios que rodean a la capital de la entidad federativa, como en Charo, Indaparapeo y otros municipios, en donde los planteles educativos se convierten en cabezas de playa de proyectos político-territoriales, lo cual resulta lamentable y de funestas consecuencias para la vida académica de las comunidades de aprendizaje.
Su detrimento en indicadores será consecuencia de la hiperpolitización a la que se les está sometiendo. Resultaría infamante comprobar que se está manipulando la plantilla de personal de las escuelas bajo el criterio de la conveniencia política, en aras de una inminente campaña electoral. Es buen momento para visibilizar estas posibles irregularidades y desde las oficinas encargadas de la gobernabilidad estatal y control de la política interna del gabinete estatal, parar las aviesas intenciones de apuntalar campañas desde el sector educativo, en donde se construye ya, un segundo anillo periférico para Morelia.
Concatenado está el tema pendiente de la gobernanza del sistema educativo michoacano. El modelo educativo nacional recientemente presentado, contiene en su quinto eje un esquema operativo para entramar gobernanza del sistema educativo nacional. Si bien, la obligatoriedad del mismo data desde la expedición del Acuerdo Número 716, publicado el 7 de marzo de 2014, su cumplimiento cabal ha adquirido mayor relevancia al ser reconocido como uno de los pilares del modelo educativo en el país. En Michoacán aún no se conforman siquiera todos los Consejos Escolares de Participación Social en cada una de las escuelas, ni tampoco se han instalado los 113 Consejos Municipales de Participación Social en la educación, ni tampoco los que se encuentran vigentes están sesionando regularmente; más aún, el máximo órgano de colaboración y consulta ciudadana en el sistema educativo estatal, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación no ha sesionado durante este año incumpliéndose con el Artículo 8 de su Reglamento Interior, publicado el 7 de septiembre de 2016, encontrándose incluso su Secretaría Técnica acéfala, ya que desde octubre de 2016 no se ha entregado un nombramiento público ni tenido comunicación al respecto. Se cuenta con agenda pendiente, con acuerdos tomados y con el pleno de consejeros en funciones, simplemente falta que estén dadas las condiciones de parte de los actores gubernamentales para que este organismo recupere la operatividad que incrementalmente estaba cobrando.
También será importante erradicar en este periodo de inscripciones y regreso a clases la nociva e ilegal práctica de recabar cuotas escolares, ya que pedir dinero a los estudiantes y padres de familia en las escuelas públicas constituye una práctica anticonstitucional, que ha sido popularizada por la histórica omisión y negligencia de las autoridades educativas en cuanto a proveer las condiciones materiales y equipamiento dignos necesarios para cada aula en la nación. Ante la precariedad de las condiciones de la infraestructura educativa y la falta de consumibles en las comunidades de aprendizaje, los maestros, directivos y coordinadores de las organizaciones de padres de familia se han visto orillados a requerir cuotas económicas para el sostenimiento mínimo de las escuelas.
Esto por supuesto, ha motivado una gran cantidad de actos mayores de corrupción, al desviarse el destino de los recursos del planteamiento original.
Detener esta espiral perversa de ilegalidades le corresponde a la autoridad educativa responsable, proveyendo las mejores condiciones para garantizar con dignidad el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, así como sancionar cualquier irregularidad conforme a derecho proceda. Las escuelas michoacanas deben ser un reflejo de los ideales de movilidad social, conocimiento y desarrollo que aspiramos alcanzar como sociedad, tanto en lo material, como en lo pedagógico; nunca una triste sombra que nos recuerde nuestra condición socioeconómica y nos ate a la misma.
Esperemos se logre atender esta serie de cuestiones pendientes durante el periodo de receso de labores, para que el inicio del Ciclo Escolar 2017-2018 del próximo 21 de agosto represente un auténtico punto de inflexión de nuestro sistema educativo. Que así sea.
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