Después de varios meses sin que mejore la situación financiera de la mayoría de las instituciones públicas del sistema educativo estatal, sus perniciosos efectos colaterales ya impactan seriamente los derechos humanos de los michoacanos.
Especialmente, son pisoteados el derecho a aprender de más de un millón 400 mil estudiantes, la seguridad de decenas de miles de trabajadores de la educación de recibir percepciones salariales, así como la parálisis de movilidad vial que afecta a la sociedad entera, entre otras garantías individuales y colectivas, entre otros derechos, todo como consecuencia de una problemática cuyo origen inmediato es la falta de recursos en la entidad federativa.
Con base en la situación descrita, varios sindicatos magisteriales -cuya principal razón de existir es defender los derechos laborales de sus agremiados y entablar una relación de representación colectiva ante la parte patronal- han determinado radicalizar acciones para protestar ante la injusticia cometida por el Gobierno del Estado.
Específicamente, las tomas y cierres de planteles educativos, los paros de labores, las acciones de protesta en espacios y vías públicas, los paros de brazos caídos y la persecución hacia docentes que continúan manteniendo una relación de tutoría con los estudiantes bajo su encargo han resultado ser acciones particularmente lesivas para la sociedad michoacana en general.
El proyecto de futuro de la educación estatal, su viabilidad, su imagen y su trascendencia hacia la formación integral de las generaciones jóvenes están en vilo.
Por si fuera poco, el factor político gravita cada vez más conforme avanza paralelamente el proceso electoral. La denostación, la mala fama, las acusaciones, la diatriba, las posturas ambiguas y la actitud expectante y oportunista de diversos actores político-partidistas, así como de grupos de interés encunados al seno del sistema educativo estatal añaden efervescencia a una problemática que debe ser solucionada cuanto antes.
El pago de los adeudos acumulados con el magisterio es un hecho que no debe estar a discusión. El que el sistema educativo no se detenga, tampoco debería estarlo.
Resulta especialmente sospechosa la falta de ejercicio de controles administrativos para que continúe la regularidad en los planteles educativos. Tal pareciera que el descontrol y el caos, la propia protesta, favorece a quienes deberían de ejercer su autoridad.
Paralelamente, la consabida y mandatada reingeniería integral del sistema educativo, instruida por la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado para depurar el ejercicio del gasto, no se ha cumplido sin que a la fecha existan procesos de responsabilidades administrativas al respecto para funcionario alguno.
En el caso específico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se presentó un programa de austeridad por parte del Dr. Medardo Serna González, que estipula economizar 120 millones de pesos al año, cifra que abona pero que no resuelve aún la situación, ni constituye una reingeniería en sí, sino un largo listado de medidas de contención del gasto corriente que en sí constituyen un acto digno de reconocerse, pero que requiere en el corto plazo de la implementación de acciones y medidas de austeridad que vayan mucho más a fondo que las instrumentadas en 2017, a fin de permitir la optimización de los recursos económicos de la casa de estudios, al tiempo de generar las condiciones adecuadas para entablar la negociación con los sindicatos nicolaitas, quienes mantienen un tono de exigencia muy elevado basamentados en la legitimidad del reclamo ante el impago a sus agremiados.
En este escenario, se precisa de un programa más ambicioso, con medidas que permitan más ahorros a partidas suntuarias, que no generen afectación a las actividades sustantivas de nuestra máxima casa de estudios de la entidad y la región.
Por ejemplo, análogamente al decreto que indica que entre los funcionarios federales ninguno puede percibir un salario mayor que del Presidente de la República; en Michoacán y específicamente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, podría promoverse que ningún servidor público gane más que el Gobernador del estado, lo que representa al momento un máximo de 88 mil pesos mensuales. Acotar de esta manera los salarios de los funcionarios nicolaitas enviaría un claro mensaje de solidaridad y corresponsabilidad con la situación financiera a todos los trabajadores de la institución, pudiendo servir, además de generar cierto ahorro, como muestra de buena voluntad para realizar el proceso de negociación.
Aunado a lo anteriormente mencionado, el recorte draconiano del personal de estructura en la UMSNH es inaplazable, ya que actualmente cuenta con cerca de 212 trabajadores de esta índole para la atención de 54 mil estudiantes, mientras que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) dispone de solamente 143 empleados para atender a 1 millón 400 mil estudiantes, exhibiendo tal contraste la obesidad mórbida imperante en cuanto a la cantidad de mandos medios y directivos en el organigrama nicolaita. La UMSNH tiene un funcionario por cada 254 estudiantes, mientras que la SEE, que dista mucho de ser el mejor ejemplo administrativo en la materia, paga un servidor público de esta índole por cada 9 mil 790 estudiantes.
Por ello, retomando el Programa de Austeridad ya en vigor, debe de acentuarse su progresividad reduciendo o eliminando gastos por conceptos como viáticos, vehículos automotores, prestaciones privilegiadas al personal de confianza y contratación de personal de apoyo por honorarios, así como mejorar la gestión ante la Federación, debido a que la UMSNH se le otorga un subsidio anual de apenas 55 mil pesos por alumno, en tanto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibe más de 130 mil pesos por alumno. Ello manifiesta la desigualdad y abandono históricos a los que la universidad nicolaita ha sido reducida por la Federación y el Gobierno del Estado respecto al garantismo del derecho a aprender de los michoacanos.
En suma, en aras del bien superior a preservar en el sistema educativo estatal, que es el constitucional derecho a aprender de los estudiantes michoacanos, deben de liquidarse a la brevedad todos los adeudos con los trabajadores de la educación, especialmente los que están referidos a percepciones ya devengadas.
Los maestros son los garantes del derecho a aprender de los estudiantes en cada aula, por lo que el impago gubernamental deja en situación de virtual indefensión a los niños y jóvenes michoacanos al respecto.
Independientemente de las medidas que la parte patronal pueda llegar a tomar para sostener las actividades académicas en los planteles, es prudente también como sociedad michoacana invitar y apelar a la comprensión del gremio educativo para que no dejen de ejercer su vocación docente a pesar de la situación. Todos somos pueblo y debemos de impulsar que la educación continúe sucediendo regularmente a pesar de la grave omisión gubernamental. Apelando a su vocación, su presión gremial debería realizarse sin afectar a terceros aunque los trabajadores estén siendo agraviados. Por supuesto, sumamos la exigencia de Mexicanos Primero Michoacán a la de los trabajadores de la educación para que cuanto antes se les paguen sus percepciones.
Es prudente señalar que los sindicatos deberían de avocarse exclusivamente a hacer valer los derechos de los maestros, entablando una ruta jurídica para que se les pague a la brevedad a sus representados y dejar de emplearlos como músculo político para impulsar su agenda confidencial que solamente beneficia a las cúpulas. Es momento de que den resultados a sus base como gestores y defensores del derecho de los trabajadores de la educación y dejen los intereses políticos a un lado.
El enfoque de gestión de crisis y de control de daños debe prevalecer, pero colocando el bien mayor al centro. Esperemos que se pueda conciliar y mediar con la altura que la situación amerita para resolver rápidamente y de la mejor manera posible esta penosa circunstancia que debe de erradicarse de una vez por todas del horizonte de nuestra educación estatal. ¡No al paro; sí al pago!
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