El reciente relevo institucional al frente de la SEP, por razones eminentemente políticas no es inesperado, ya que se rumoraba desde meses atrás la posible salida del Lic. Aurelio Nuño Mayer de la titularidad de la mencionada dependencia. Asume la responsabilidad el Mtro. Otto Granados Roldán, de amplia trayectoria en la función pública, la cual esperemos se capitalice en una transición tersa y en resultados de alto impacto en beneficio del derecho a aprender de los mexicanos.
Es del dominio público la enorme importancia de la continuidad de los servidores públicos en el ámbito educativo, ya que en caso de modificarse la estructura de mando constantemente, se pierde la curva de aprendizaje ya ganada. Ya se dio la toma de decisiones desde el más alto nivel, que ocasiona las externalidades mencionadas; ahora bien, es momento de que no se pierda el impulso adquirido durante el actual periodo de gobierno, que se corrijan las áreas de oportunidad y que la transformación educativa sea una política de estado por encima de cualquier ventarrón político.
No pasa desapercibido que se haya dado un nombramiento fast track del sucesor, sin que mediase un encargado de despacho, que pudo haber sido por ministerio de ley el michoacano Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, como análogamente ocurrió cuando estuvo de encargado de despacho, desde el mismo cargo que el Dr. Jara, el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ante la ausencia del extinto Dr. Alonso Lujambio. Ello, simplemente no ocurrió.
Indudablemente, durante la gestión del Lic. Aurelio Nuño hubo avances en la implementación de la normatividad educativa y deben reconocerse, como por ejemplo, el lanzamiento del modelo educativo nacional vigente, el cual finalmente reconoce la necesidad de contar con un esquema consolidado y articulado de gobernanza en el sistema educativo nacional.
En contrapunto, persisten muchas áreas de oportunidad y pendientes en la SEP. Por ejemplo, lograr la reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, la atención de los estudiantes quienes sufrieron afectaciones socioemocionales y el restablecimiento de las comunidades de aprendizaje respectivas; la evaluación del desempeño docente retrogradó a ser opcional; el programa de tutorías continúa siendo ignorado presupuestalmente hablando; el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) todavía no ha servido para ubicar plazas vacantes ni ha terminado de implementar sus mandatos legales, etcétera.
Como es costumbre, las consecuencias de las omisiones y vacíos federales se exacerban en nuestra entidad federativa y por ende es perentoria la tropicalización en Michoacán de múltiples acciones en pro de la regularidad educativa, ya que en nuestra entidad federativa hay aun grandes pendientes en lo que respecta a la implementación de la normatividad vigente en materia educativa. Dignos de observación por parte de la recién designada autoridad federal resultan diversos temas que resultan de su corresponsabilidad y vigilancia, por ejemplo:
- La transferencia de recursos de procedencia federal a instituciones educativas de educación media superior y superior, que sitúan en posición de crisis financiera a diversas instituciones. Desde luego, debe contemplarse un serio rescate de la UMSNH, de los subsistemas en educación media superior y de los institutos tecnológicos.
- La vigilancia de los procesos relacionados con el Servicio Profesional Docente, que al descentralizarse hacia lo estatal, quien coordina y vigila a la vez es un funcionario de Gobierno del Estado, siendo juez y parte. Debe haber un contrapeso federal.
- La coordinación con la Delegación Federal de la SEP, que debe responder desde la perspectiva federal al interés superior de los estudiantes michoacanos y a la correcta aplicación de la normatividad, que no violente los derechos laborales de los maestros.
- El manejo nebuloso y discrecional de las plazas de jubilaciones, renuncias y vacantes que merece revisión a fondo, al igual que los padrones de comisionados en la entidad.
- Impulsar las evaluaciones docentes con cabal transparencia y apego a derecho, garantizando coordinadamente el respeto a los derechos de todos los maestros que participan en las mismas.
En este contexto, sabedores que a partir del desarrollo de la educación nacional se define la evolución de nuestra sociedad, desde la sociedad civil continuaremos vigilando los procesos educativos, participando en la construcción de la agenda pública e impulsando el garantismo del derecho a aprender de los mexicanos y de los michoacanos en particular.
Por sí misma, la transformación educativa seguirá trazando su cauce, muy por encima de nombres, partidos, intereses e ideologías particulares. No pertenece sino a los mexicanos y es inalienable. Encausémosla colectivamente hacia garantizar el derecho a aprender de nuestras generaciones jóvenes, para que puedan lograr que sus sueños y aspiraciones legítimas se alcancen y con ello, cada hijo de la patria tenga posibilidades sustantivas de construir con talento y esfuerzo su biografía de éxito, la cual testimonie ejemplarmente que su existencia mereció ser vivida a plenitud.
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