Señalan que existan grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio y otros más que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía
Cerca de una decena de líderes de la iniciativa privada, academia y asociaciones civiles, exigieron un verdadero combate a la corrupción, alejado de prácticas de simulación e intereses político -partidistas, que permitan el funcionamiento autónomo e independiente de una Fiscalía General Anticorrupción.
Frente a los medios de comunicación para fijar un posicionamiento respecto a la promulgación de siete ordenamientos legislativos para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, al unísono exigieron un combate serio y efectivo contra la corrupción e impunidad, males que afirmaron han minado la salud nacional y su desarrollo económico.
Alberto Sánchez Cárdenas, integrante del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), lamentó el ambiente permisivo en los diferentes poderes, que trastocan y afectan a todos los sectores de la sociedad.
“Padecemos todos, una profunda e indignante injusticia y este fenómeno se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. Hemos llegado a un punto insostenible”, aseveró.
Por su parte, El presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Roberto Ramírez Delgado, demandó la construcción de las bases de un verdadero Estado de derecho como piso firme para el desarrollo nacional, en aras de tomar el control sobre la realidad que afirmó se le “está yendo de las manos” a la nación.
Reconoció que existan grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio y otros más que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que supuestamente dicen servir o representar.
A su vez, Lydia Nava Vázquez, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), expuso que no bastan las primeras siete leyes del Sistema e insistió en la transformación de un régimen “gravemente afectado por corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos”.
Exigieron terminar con la simulación, una transformación profunda de las instituciones públicas, la eliminación de vicios privados, reformas constitucionales que coadyuven en una Fiscalía General Anticorrupción autónoma, independiente, eficaz, con perfiles de garantizada probidad.
Así como recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, leyes para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos, la eliminación del fuero para servidores públicos y evitar en su totalidad la impunidad.
