Se mantiene la pugna entre las instancias federal y estatal encargadas de proteger el medio ambiente
Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente –Profepa- los considera ilegales, los operativos para desmantelar huertos aguacateros que operan fuera de la norma y que están contribuyendo a terminar con los bosques michoacanos, se mantendrán “porque alguien tiene que hacerlo”, advirtió el secretario del Medio Ambiente del gobierno estatal, Ricardo Luna García.
En RESPUESTA RADIO, Luna dijo la tarde de este lunes tener la certeza de que las instancias estatales de protección al medio ambiente sí cuentan con la facultad para llevar a cabo ese tipo de operativos, al explicar que en 2016 el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Forestal Sustentable, que dio atribuciones para “actuaciones contundentes”, cuando de proteger el medio ambiente se refiere.
Se está produciendo un gran daño al bosque y en general a los recursos naturales “y nadie ha hecho nada, violando el principio constitucional que garantiza a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano. Nosotros actuamos siempre en función de denuncias ciudadanas”, insistió.
Luna dio a conocer que Michoacán ha sufrido la pérdida de 66 mil hectáreas de selva tropical, selva baja y de bosque, por la tala inmoderada e ilegal y por incendios, casi todos ellos intencionales para justificar el cambio de uso de suelo, sobre todo en Uruapan, Tancítaro, Zacapu, Villa Madero, Tacámbaro, Villa Jiménez, Hidalgo, Ocampo, Zitácuaro, Pátzcuaro “e incluso Morelia”.
Reiteró que los operativos no buscan en sí mismo afectar la actividad agrícola del cultivo de aguacate, “lo que buscamos es ordenar las cosas, porque no hay el menor orden, hay un crecimiento alarmante de cultivos de aguacate en zonas de bosque, cuando éste captura el carbono generado por la contaminación atmosférica, el bosque tiene su propia vocación y debemos cuidarlo”.
El secretario del Medio Ambiente en Michoacán subrayó que la Semarnat –la instancia federal encargada de cuidar el medio ambiente- no ha dado en veinte años ningún permiso para el cambio de suelo orientado a plantar aguacates en la entidad.
Pero la oficina responsable de evitar el fenómeno y combatirlo, es la Profepa, y ésta claramente ha incumplido su obligación, “y ante una omisión federal, es nuestra responsabilidad como Estado asumir la tarea”.
-¿Los operativos seguirán entonces?-
-Así es-
OPERATIVOS SON VICIADOS Y PODRÍAN SER DECLARADOS NULOS POR LA CORTE, ALERTA PROFEPA
Por su parte, las oficinas centrales de Profepa emitieron este lunes también un comunicado de prensa sobre la polémica desatada a raíz de los referidos operativos de parte de la autoridad ambiental de Michoacán. El comunicado íntegro es el siguiente:
En México el Estado de Derecho debe defenderse con ejemplo de legalidad en la actuación de las autoridades estatales. Lo contrario, deslegitima y daña la imagen de las instituciones que componen el edificio jurídico del país.
La Comisión Forestal del Estado de Michoacán ha realizado en días pasados, inspecciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, atribución de la cual carece de competencia.
La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, establece en sus artículos 10, 11, 128, 147 y 160, que dicha Comisión podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de asumir las funciones de inspección y vigilancia forestal. Previsión que ratifica la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
No obstante, dicho convenio no ha sido suscrito por el Gobierno de Michoacán y la Federación; por tanto, las autoridades estatales carecen –a la fecha– de atribuciones para inspeccionar y sancionar ilícitos forestales.
PROFEPA reitera que las acciones de inspección y sanción en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, deben llevarse a cabo de manera enérgica, pero con pleno respeto de los derechos humanos y sin violentar la garantía de legalidad prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación que la regula.
Contrario a lo que afirma la autoridad estatal ambiental, con su actuación fuera del marco de la legalidad, lejos de permitir afrontar la delincuencia ambiental, se otorgan elementos de defensa a quienes infringen la normatividad forestal y cometen infracciones y delitos del orden federal.
En este contexto, los actos de inspección en materia de cambio de uso de suelo forestal realizados por la Comisión Forestal del Estado se encuentran viciados y su nulidad podría ser decretada por el Poder Judicial de la Federación.
Por lo anterior, resultan fútiles las acciones emprendidas por la autoridad estatal, al efectuarse fuera de cualquier ámbito legal.
La PROFEPA, en consecuencia, solicitará la investigación y deslinde de responsabilidades de las autoridades estatales que podrían haber incurrido en abuso de autoridad y usurpación de funciones federales, concediendo beneficios a los defensores de los delincuentes e infractores ambientales.
Por esta razón, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), en dicha entidad, tendrá que suspender toda clase de acciones y funciones que competen de manera exclusiva a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, hasta en tanto no exista un Convenio de Coordinación previsto por la ley.
La autoridad ambiental federal reitera a la sociedad mexicana su compromiso para actuar coordinadamente con todas las instituciones públicas que asumen esfuerzos para proteger los recursos forestales y el medio ambiente.
