Este 2018 es un año crucial para la consolidación de la democracia mexicana. Como se sabe, el 1 de julio se realizarán las elecciones para renovar 3400 cargos de elección popular local y federal. Por supuesto, destacan la elección de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado mexicano. Además del Presidente de la República, se elegirán los 500 representantes populares que integran la Cámara Federal de Diputados y los 128 Senadores que representan a la nación.
También se renovarán 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla Tabasco, Veracruz, Yucatán y la joya de la Corona, la Ciudad de México). Con razón se ha afirmado que, al menos desde el punto de vista cuantitativo, estas elecciones serán las más grandes de la historia, pues el listado nominal de electoras y electores se integra por 87 millones, 860 mil 56 potenciales votantes, cifra nunca antes alcanzada. El 52% de esa lista está integrado por mujeres (45,544,870), lo que corresponde aproximadamente a la composición por sexo de la población mexicana. Este simple hecho demográfico cuantitativo tiene relevancia si se toma en cuenta que las mujeres acuden más a las urnas que los hombres. Es un hecho contundente, las democracias electorales se están feminizando. En efecto, en las elecciones presidenciales del 2012 la tasa de participación de las mujeres fue del 66% mientras que la de los hombres fue del 57.7%.1 En las elecciones intermedias de 2009 fue del 47.35% contra el 40.53% de los hombres2 , y en los comicios de 2015 fue del 50.89% contra un 42.95% respectivamente3 . Podemos decir, entonces, que hay una clara tendencia al crecimiento de la participación electoral de las mujeres, y es previsible que el 1 de julio se confirme tal dinámica. Así pues, no es exagerado afirmar que la participación política de las mujeres por la vía electoral refleja que una característica ya irreversible de los nuevos tiempos es la política atravesada por una lógica femenina. Aquellos partidos políticos, frentes, coaliciones, alianzas, candidatos y programas de acción y plataformas que soslayen esta clara feminización de la vida pública nacional, estarán colocándose al margen de una dinámica histórica que no tiene vuelta atrás.
De hecho, la serie de reformas constitucionales y electorales, que marcan la “mecánica del cambio político en México”4 (Woldenberg, Salazar, Becerra, 2011), se han extendido y profundizado hasta lograr el aumento significativo del número de mujeres que integran los órganos de representación popular y nacional. Las elecciones de 2006, por ejemplo, arrojaron una composición de la Cámara de Diputados Federal en la que 392 diputados eran hombres y sólo 108 mujeres. En cambio en las más recientes elecciones (intermedias) de 2015 la composición fue mucho más equilibrada con 287 hombres y 213 mujeres. La promoción de la paridad y de la participación política de las mujeres va en ascenso, su participación y posicionamiento no tiene reversa, por eso en México y en el mundo ya no se puede prescindir de la dimensión femenina a la hora de tomar decisiones en cualquier campo.
Eso no significa, por supuesto, que las mujeres constituyan un partido político en sí mismo, o que voten como mujeres en una dirección determinada. Siempre ha sido muy polémico generalizar acerca del sentido del voto de las mujeres (también acontece en el caso de los jóvenes) pues, como es obvio, existe una gran heterogeneidad en la decisión que adoptan estos sectores de la población al acudir a las urnas. Habrá quienes sufraguen por un partido o por otro en función de los criterios y las razones más variadas, y no basándose en el hecho de “ser hombres” o “mujeres”. Lo mismo acontece con las clases y los estratos sociales, pues no hay necesariamente correspondencia entre esa estructura social y la condición ciudadana, de tal manera que los integrantes de las clases subalternas pueden no votar necesariamente por programas políticos que dicen representar sus intereses, como suele ser el caso de la izquierda. La condición ciudadana implica precisamente una comunidad política formalizada que, en cuanto tal, se basa en el principio de la igualdad universal de todos y cada uno de sus integrantes. Las múltiples diferencias sociales reales no gravitan, al menos en principio, en esa ciudadanía.
El asunto, en realidad, es más complejo. Lo que señalo es que la dimensión de lo femenino ya condiciona la política actual en cuanto que está inserta en un proceso civilizatorio que camina hacia una reconfiguración de toda la vida pública y, a partir de ahí, del tipo de vínculo que articula la sociedad como un todo. El cada vez más relevante papel de las mujeres en la vida pública, en la política y en el ejercicio de los Derechos ciudadanos corresponde con un proyecto civilizatorio en el que el nacer mujer o varón no se traduce en desventajas sociales o en inferioridad alguna. Todas las reformas jurídicas que han implicado la adopción de acciones afirmativas para equilibrar las diferencias sociales emanadas de los sexos, están teniendo resultados positivos. La participación electoral de las mujeres en los próximos comicios, con su gran entusiasmo y determinación, es esperanzadora, pues, una vez más, apuestan por la reforma y la vía pacífica para lograr las transformaciones correspondientes a las formas civilizadas de la convivencia.
—————————————–
1 Instituto Federal Electoral, Estudio censal de participación ciudadana en las elecciones federales de 2012, México, 2013.
2Instituto Federal Electoral, Estudio censal de participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, México, 2010.
3 Instituto Federal Electoral, Estudio censal de participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2015, México, 2016.
4José Woldenberg, Pedro Salazar, Ricardo Becerra, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Ediciones Cal y arena, 2011.
