Para nadie es un secreto que las figuras políticas más débiles frente a la amenaza del crimen organizado, son los presidentes municipales y de forma cotidiana vemos que esa es una situación que día a día muestra hasta qué nivel los ediles se ven envueltos en situaciones de riesgo.
A diferencia de la presidenta de la república, que cuenta con todo el ejército, la guardia nacional y todo el poder del estado para salvaguardar su seguridad o de los gobernadores, que, si bien no tienen estructuras tan amplias de seguridad, si están en condiciones de contar con buenos niveles de protección, los presidentes municipales se enfrentan a otra realidad.
De entrada, debemos hacer mención de que el país cuenta con 2246 municipios, distribuidos entre 31 entidades federativas, estados pues; a los que debemos sumar las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que nos daría un total de 2262 ayuntamientos o similares.
La variedad de las condiciones de seguridad de los ayuntamientos varía muchísimo, pues no son las mismas condiciones de protección los alcaldes de las ciudades grandes o capitales, que pueden tener mayor protección (lo que tampoco es garantía, recordemos el caso de Chilpancingo) a la forma en que tienen que convivir con la delincuencia alcaldes de ciudades pequeñas o de prácticamente pueblos, donde las policías municipales no cuentan con patrullas o usan armamento obsoleto y generalmente son menos que los integrantes que puedan tener los miembros de la delincuencia.
A esto debemos tener en cuenta el tema de la vecindad; mientras más pequeño sea el ayuntamiento, es más fácil para la delincuencia saber dónde viven las autoridades y quiénes son sus familiares y a partir de ahí ejercer presiones y amenazas para obtener beneficios para “su causa”.
Por otro lado, tampoco debe de soslayarse que en ocasiones algunos alcaldes no ocupan de amenazas para colaborar con la delincuencia, pues como hemos podido ver, se han dado numerosos casos donde se encuentran coludidos con las bandas. Los operativos y noticias que salen en la prensa dejan constancia de estas situaciones, que no son exclusivas de una entidad y tampoco, dentro de la esfera de la administración pública, son los presidentes municipales los únicos actores cooptados por la delincuencia.
Las estrategias de seguridad, tan cuestionadas en el sexenio anterior, deben de pasar por atender la muy conocida debilidad en seguridad en los ayuntamientos, ¿pero ¿qué hacer, cuando en ocasiones los ayuntamientos apenas tienen recursos para cubrir su gasto corriente?; ¿Cómo atender la seguridad del municipio, cuando la delincuencia es el vecino y cuenta con mejores armas y más elementos que las policías municipales?
No será una tarea fácil y, lamentablemente tampoco a corto plazo, el recuperar la seguridad perdida en las ciudades y pueblos de México.
Habrá que ver si la estrategia de seguridad que se está empezando a echar andar, tiene algunos frutos en el 2025, que haga que los mexicanos puedan sentir una mayor seguridad, en la que hasta ahora es una aspiración en una imaginaria carta a los Reyes Magos.
