El país se encuentra en este momento sometido a varios cambios en materia constitucional, que se quiera o no, terminaran, al menos en lo que ve al poder judicial, una nueva forma de conformación, en cómo se sabe, tanto ministros, como jueces y magistrados serán algunos casos electos y en otros insaculados, que rompe con el modelo que conocemos desde 1995, caracterizado por una función coordinada entre el ejecutivo, quien proponía ternas, y el legislativo, en su cámara de senadores, que de entre las propuestas designaba al o la titular de magistratura vacante.
Y sin duda que este cambio está creando mucha polémica porque rompe un modelo de elección al cual nos habíamos familiarizado y porque en realidad no es frecuente en nuestra tradición constitucional los cambios y menos tan significativos, en el poder judicial.
El poder que más se ha modificado desde el establecimiento de la constitución de 1917, ha sido el legislativo, que desde entonces ha pasado de un sistema de mayoría, a uno donde en 1953 se integraron diputados de partido, los de representación proporcional en 1977-con un máximo de hasta 100 diputados electos por esta vía-; el aumento a 200 plurinominales a partir de la elección de 1988; los senadores de primera minoría a partir de 1994 y los senadores plurinominales desde 1997.
A las reformas señaladas en el párrafo anterior, deben sumarse criterios en la asignación de plurinominales, como la llamada cláusula de gobernabilidad, formulada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que buscaba garantizar el control del partido que hubiera obtenido el mayor número de diputados por el principio de mayoría y, entre sus reformas, la posibilidad de la reelección por parte de los legisladores y que es parte de la agenda del nuevo gobierno eliminarla, así como la posible desaparición de los cargos de elección por la vía plurinominal, por lo que sin duda estaremos viendo alguna nueva modificación en la actual legislatura.
Estos cambios que se han dado y se están dando en los otros poderes, contrastan con la falta de cambios en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, que desde 1917 las veces que ha cambiado, ha sido para acrecentar el poder del ejecutivo; prueba de ello es que el texto original de la actual Constitución hablaba de que el ejecutivo duraría en el cargo 4, pero desde 1934 se dio el cambio a seis años, como hasta ahora se ha mantenido.
Otro cambio, aunque de manera efímera, pero no por ello menos tendiente a fortalecer al ejecutivo, fue la de permitir nuevamente la reelección, no consecutiva, pero que concluyó con el asesinato de Obregón.
En general no se han dado desde hace muchos años reformas que modernicen la elección y las facultades de la presidencia; lo más cercano es la revocación de mandando, que por otro lado tiene el detalle de ser un mecanismo que requiere un mínimo de participación para que pueda operar, despertando muy poco interés hasta el momento en la ciudadanía.
Una reforma al poder ejecutivo puede pasar en primer término por una reducción del mandato, pasar de seis años, que hoy es un lapso muy largo, a uno de cinco años, incluso con la posibilidad de reelección, que para los mexicanos es tun tema tabú, cuando la mayoría de los países latinoamericanos la usan con normalidad.
Prácticamente todos los países de América Latina observan un orden de sucesión, eligiendo a uno o dos vicepresidentes (casos de Perú y Costa Rica), que en caso de ausencia del titular del ejecutivo se hacen cargo de este. Recientemente en México se contempla que en caso de licencia, renuncia o muerte del presidente, se hará cargo del cargo el Secretario de Gobierno, que si da certeza en que no se quedara acéfalo el cargo, pero se trata de un funcionario designado y no electo, lo que resta legitimidad.
Otro tema podría ser el de la aplicación de la segunda vuelta, que hace solamente se aplicaría en caso de que en la primera ninguno de los candidatos participantes alcanzara el 50% de la votación emitida, lo que haría que no se usara de manera forzosa, pues como vemos los dos últimos presidentes han rebasado ese porcentaje con facilidad, pero sí puede emplearse en caso de una elección más competida, lo que daría al ganador la legitimidad de llegar con el respaldo de más cincuenta por ciento de los votantes.
Estos pueden ser algunos puntos muy básicos para pensar en una reforma al poder ejecutivo, pues hasta ahora los otros poderes se han viso inmersos en procesos de transformación, pero hasta ahora la presidencia sigue prácticamente sin modificaciones, por ello debemos también plantearnos la posibilidad de revitalizar la figura de la presidencia para ponerla a la altura de los tiempos.
