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Marco A Aguilar        SOFISTA AUTÓCRATA EN ACCIÓN

                                                      

“Todos los delincuentes violentos también son seres humanos y, por ende, los integrantes de las bandas criminales tienen derechos humanos, y debemos protegerlos”, tal afirmación expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es cierta, además de ser obvia, como parte de una verdad jurídica.

Es cierta, dado que el primer párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna ordena: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…”

Y todas las personas son todas: ricas y pobres, mujeres y hombres, niños y ancianos, educados y analfabetas, religiosos y ateos, extranjeros y mexicanos, humanos de bien y delincuentes; es decir, todas.

Así que lo dicho por Andrés Manuel es una obviedad.

Empero, si esa obviedad se retuerce, en el campo del derecho, entonces obtendremos consecuencias inconstitucionales.

Explicaré.

Los derechos humanos se encuentran garantizados, formalmente, en los primeros 29 artículos de la constitución, y no son abstractos, sino concretos; tampoco son ilimitados, ya que son limitados por la propia carta magna, pero sobre todo instituyen todos los procedimientos penales, los órganos competentes para aplicarlos, las bases para la tipificación de los delitos, las consecuencias penales para los delincuentes, y de manera especial da los fundamentos respecto al crimen organizado.

Nuestro sistema jurídico no permite que, a los delincuentes, el estado, el gobierno y las autoridades que lo representan, les den abrazos y besos, en lugar de cumplir con sus deber constitucional frente al criminal.

Las autoridades sólo pueden hacer aquello que el derecho les permite, a diferencia de los particulares que podemos hacer todo aquello que no nos prohíba la norma jurídica.

Hay funcionarios competentes para garantizar la seguridad pública, unos, para ejercer la procuración de la justicia otros, otros más para administrarla, y algunos para ejecutar las sentencias que imponen penas.

Y el derecho es coercitivo por naturaleza, y la fuerza del estado debe saberse aplicar apegada a las normas jurídicas.

Lo preocupante es que el presidente viole, una día sí y otro también, el sistema jurídico mexicano, y que hasta se jacte de ser un contumaz transgresor, amparado por el fuero constitucional que tiene.

Porque es una mentira que le hayan quitado el fuero. Léase el artículo 108 constitucional, y ahí se encuentra la regulación de ese fuero presidencial.

Si el presidente Amlo está cuidando excelentemente a los delincuentes, ¿quién va a cuidar a quienes no son delincuentes?

De otra manera: ¿debemos ser delincuentes para que el presidente de México nos cuide?

Como candidato a la presidencia, López Obrador dragoneaba de ser un político de amplia experiencia, y de tener todas las soluciones a los problemas de México en sus manos; pero, ahora, ha resultado que sólo tenía una algarabía de principiante, con una ambición sin límites para concentrar el poder, aliándose con los delincuentes.

Otra de sus obviedades adulteradas es la constante y vieja frase de: “primero los pobres… siento amor por el pueblo y a él me debo”.

Lo que busca es el amor del pueblo pobre para él. Le importa mucho que la gente pobre lo quiera; y, para ello, necesita que la población sea pobre.

Por eso, hace todo lo que está de su parte para provocar que los pobres sean más, pero sobre todo que sean más pobres. Los empobrece dándoles dinero, y no dándoles trabajo bien remunerado.

Si alguien los saca de la pobreza, López Obrador pierde automáticamente su clientela.

La educación es, actualmente, la mejor vía para abandonar la pobreza; por ello, no le interesa la sólida educación, sino únicamente el maniobreo informativo con sentido electoral y dogmático.

Al trastocar esas obviedades, el sofista autócrata Andrés Manuel López Obrador entra en acción perversa.

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