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J MA. CARDONA

La semana pasada el rector Raúl Cárdenas Navarro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tuvo una reunión con la Dra. Diana Carpio Secretaria de Salud en Michoacán y representantes de la comunidad estudiantil de la propia universidad para impulsar una campaña de prevención de la salud en relación a la pandemia del Coronavirus.

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J MA. CARDONA

 

De una crisis humanitaria se puede calificar la situación de la pandemia del Coronavirus en México, como resultado ampliamente conocido de más de 450 mil contagios y 52 mil defunciones que constituye un fracaso para el gobierno de López Obrador y la ineptitud de el Sub Secretario de salud Hugo López-Gatell, al cual el presidente se empeña en respaldar a toda costa.

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J MA. CARDONA

 

El sistema de pensiones y de jubilaciones en México es una verdadera bomba social a punto de estallar, debido a que en el 2021 a 2024 se pensionara la primera generación de las cuales solo 40 mil personas que en 2021 tendrían 65 años, sólo el 30 por ciento podría alcanzar una pensión, dado que no todos alcanzan las mil 250 semanas de cotización que se requieren, advirtió Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores.

Para el 2021, año en que las afores cumplen 24 años y fecha en la que debería empezar a jubilarse la primera generación bajo este esquema, sólo alrededor de 12 mil personas son las que podrán solicitar una pensión.

Es por ello que ante esta problemática social, las cúpulas empresariales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el gobierno de López Obrador han pactado un acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para que se aumente las contribuciones por parte de los empresarios y del gobierno y de esa forma, los trabajadores puedan recibir una pensión de su fondo de retiro capaz de satisfacer las necesidades básicas en su vejes.

Disminución de mil 250 semanas a 750 semanas de cotización. Este apartado pretende que los trabajadores no tengan que esperar hasta 25 años laborando y cotizando para recibir su pensión, con la reforma se espera que solo sean 15 años de cotización para tener una pensión garantizada.

Según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la idea de este cambio es que se otorgue la pensión a trabajadores que, aunque hayan trabajado la mayor parte de su vida, no alcanzan los requisitos necesarios para la pensión por haber laborado en la informalidad.

Aumentos en la aportación de los patrones. En este caso, se sabe que los que aportan para la conformación de las pensiones son empresarios, trabajadores y el gobierno, sin embargo, los que ahora tendrán que aportar más serán los empresarios, ya que la aportación patronal subirá del 5.15 por ciento al 13.7 por ciento en un plazo de seis años.

Comisión de las afores menor al 1 por ciento. Con la propuesta, las comisiones cobradas por las Afore por el manejo del dinero para el retiro de los trabajadores, se irán reduciendo de forma gradual, esto es que los costos sigan estándares internacionales. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) la comisión del último año 2019 estaba ponderada en 0.976 por ciento y para este año quedó en 0.908 por ciento.

Aportaciones del gobierno se transforman en una Cuota Social. Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos, es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente, y así convertirlo en un ingreso extra.

Aumento en la recepción de la pensión. Con esta reforma, los trabajadores con derecho a pensión incrementarán del 57 al 97 por ciento. Asimismo, la “pensión garantizada” incrementará su cobertura del 34 por ciento al 82 por ciento. Esto es, si el último salario del trabajador fue de 20 mil pesos, su pensión será más alta de lo que sería ahora y se acercará a su sueldo, informó el titular de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo eta propuesta de reforma al sistema de pensiones de aprobarse no resuelve el problema fundamental porque sus efectos serán de mediano plazo.

La crisis pensionaria tiene su origen en el desmantelamiento del sistema de seguridad social en 1997 que garantizaba una pensión a los trabajadores por parte del Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social; en este sentido a los trabajadores se les prometió que mediante la creación de cuentas individuales para el retiro se les iba a garantizar una pensión digna para la vejez digna lo cual no va a suceder.

En el antiguo régimen de pensiones, el trabajador solo tenía que cotizar 500 semanas y cumplir 65 años para gozar del cien por ciento del monto del salario en promedio de los últimos 5 años laborables.

Hoy los fondos de pensiones en manos de las Afores alcanzan un poco mas de los 4 billones de pesos, pero las administradoras de retiro cobran altas comisiones a cada trabajador a parte de la depreciación del monto de los recursos en cada cuenta individual del trabajador lo que resulta insuficiente en términos del monto que recibirá cada trabajador equivalente al 30 por ciento de su salario actual en promedio.

La propuesta enviada al Congreso de la Unión resulta corta para los trabajadores porque no reconstruye el sistema de seguridad social solidaria en términos de pensión, ni tampoco el carácter inter generacional y financieramente viable en el largo plazo.

Además de eso, los fondos de retiro permanecerán en manos de las Afores organismos privados donde una buena parte del monto acumulado esta invertido en valores especulativos que afectan la plusvalía de los ahorros de los trabajadores para el retiro.

En esta propuesta de reforma se cuestionan que los trabajadores no aumenten sus aportaciones para el retiro, pero las aportaciones por parte de los patronos y el gobierno pasan a formar parte del salario de cada trabajador como una conquista laboral.

Ante el manejo ,por parte de las administradoras que son organismos financieros cuyas ganancias son derivadas de las altas comisiones que cobran, se debe de proponer que los fondos de pensiones pasen a formar parte de un instituto autónomo administrado directamente por los trabajadores para garantizar una pensión digna que es resultado de los años de trabajo y no de un privilegio y que sean ellos los que decidan en donde invertir sus fondos de retiro con la mayor seguridad social para gozar los últimos años de vida de cada trabajador y no como ahora lo propone el gobierno de la Cuarta Transformación y los patrones y no una “manita de gato”

      

J MA. CARDONA

 

Después de darse a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, se confirmaron las proyecciones del derrumbe de la economía mexicana, que tiene dos explicaciones por una parte la recesión que se venía registrando desde el año 2019 y la otra el cierre de actividades económicas no esenciales como una medida para detener la propagación del Coronavirus mediante la disminución de la movilidad social.

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J MA. CARDONA

 

Uno de los objetivos del gobierno de López Obrador es según él, combate a la corrupción en todos los aspectos de la vida gubernamental y a todos los niveles; hoy se sabe que las reformas estructurales en el gobierno de Peña Nieto estuvieron marcadas por la corrupción y en concreto la reforma energética bajo el manto del mal llamado “Pacto por México” mediante una red de corrupción operada por Emilio Lozoya al cual le echo mano la 4T.

La reforma energética significó la privatización del más importante sector económico del país donde se encuentra Petróleos Mexicanos que por mucho tiempo es una fuente de ingresos en materia impositiva para las finanzas públicas del país.

Pemex es la más importante empresa pública de México en manos del Estado mexicano, producto de la expropiación petrolera en 1938 por parte del General Lázaro Cárdenas y que con el paso del tiempo se convirtió en un mecanismo de financiamiento para el desarrollo nacional, particularmente del proceso de industrialización, que proporcionaba hidrocarburos abajo precio para la industria.

En el año de 1977 se descubrieron los más grandes yacimientos de petróleo en el suroeste del país, por lo que se genero la renta petrolera que le permitió al gobierno de López Portillo superar la crisis económica de un año antes. El país se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo y con la renta petrolera financiar la construcción de la refinería más grande de América Latina.

La renta petrolera fue producto del aumento de la producción del petróleo y de los altos precios en el mercado internacional, lo que convirtió al país en esos años en un generador de una riqueza que como lo dijera el ex presidente José López Portillo “México se deberá preparar para administrar la abundancia”.

Los cuantiosos recursos financieros de la renta petrolera fueron manejados en medio del océano de la corrupción y su entonces director Jorge Díaz Serrano al termino de su administración fue encarcelado por el gobierno de Miguel de la Madrid por corrupción en Pemex.

Pero el milagro petrolero termino en 1982, cuando los precios internacionales del petróleo cayeron causando una profunda crisis financiera y económica en el país, ya que el financiamiento del mismo dependía de la renta petrolera, donde las exportaciones petroleras ocuparón por su importancia el primer lugar como fuente de ingresos para el país.

El gasto público fue financiado por los ingresos tributarios que aportó Pemex a las finanzas públicas del país, más del cuarenta por ciento de los ingresos tributarios; mientras que con estos recursos financieros se hacían todo tipo de inversión pública entre los años de 1978 a 1982.

Pero también grandes fortunas se hicieron por parte de los políticos donde todos pertenecían al Partido Revolucionario institucional, fue el sexenio de la corrupción hasta entonces vivida en México.

Después de casi cuarenta años de privatizaciones en el país por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, faltaba privatizar la “joya de la corona” que era la apertura a la inversión privada y en especial a Pemex que fue la esencia de la reforma energética.

Pero la privatización de Pemex por parte del gobierno de Peña Nieto fue planeada desde su campaña, la cual es financiada con recursos de la empresa brasileña Odebrech, la cual cuenta con un departamento especializado para corromper a políticos y gobiernos en América Latina.

En el caso de México en el año 2012, de acuerdo a las investigaciones publicadas en los medios de comunicación la compañía Odebrech financio supuestamente la campaña de Enrique Peña Nieto candidato del PRI a la presidencia de la republica, donde el operador para recibir dicho financiamiento fue Emilio Lozoya como ahora se presume que se sabe, a cambio de llevar a cabo una vez ganada la presidencia por parte de Peña Nieto la reforma energética y jugosos contratos para operar en el país.

Hoy también se sabe de acuerdo a las fuentes periodísticas que Emilio Lozoya fue el operador para comprar a diversos legisladores de diferentes partidos en la Cámara de Diputados en 2013 para que aprobaran la reforma energética mediante dinero proporcionado por Odebrech.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, como parte de la investigación que se le sigue por presuntos sobornos que recibió de la empresa Odebrech, además por la adquisición de la planta chatarra Agronitrogenados.

Después de la detención de Lozoya en España por medio de un juicio de extradición, el mismo llego a un acuerdo con la Fiscalía General de la Republica para colaborar en el caso, pero también trascendió que cuenta con una colección de videos donde grabo a políticos y legisladores para que mediante un soborno votaran a favor de la reforma energética lo cual promete ser una bomba en medio del sistema político mexicano porque están involucrados ex legisladores y políticos de todos los partidos.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por mayoría calificada, con 354 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones.

La madrugada del 11 de diciembre de 2013, 53 senadores del PRI, 35 del PAN y siete del PVEM aprobaron la reforma constitucional en materia energética y de energía, con el voto en contra de 28 senadores de PRD, PT y sólo dos de Acción Nacional, entre ellos, el del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Así, el caso de Lozoya promete abrir la caja de la corrupción entre altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto incluyendo a éste, donde Emilio Lozoya ofrecerá el estreno mundial de la serie de la corrupción en el gobierno peñista bajo su dirección en lo que ya se puede llamar la videoteca de la corrupción de Emilio Lozoya y que le cae, como anillo al dedo a López Obrador para desviar la atención de la opinión pública en relación al fracaso en materia sanitaria y la crisis económica cuando ya ha empezado la campaña electoral del 2021 en medio de la tragedia nacional.  

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