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J MA. CARDONA

La iniciativa de reforma constitucional a la industria eléctrica ha abierto un debate en el país porque pretende modificar los artículos 25, 27 y 29 de la Constitución para devolverle al Estado la rectoría sobre este sector energético estratégico para el desarrollo nacional según la versión presidencial.

Según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de diputados, la pérdida económica por la energía no despachada de la CFE –que no es priorizada por resultar más cara que la renovable de privados a la que no se le cobra la transmisión y se le dan incentivos como los certificados de energía limpia– asciende a 45 por ciento de la capacidad de la CFE, o sea a 119,000 gigawatts.

En términos económicos, significan 215,400 millones de pesos anuales desde el 2017, además de 222,900 millones por lo que le tiene que comprar a privados dada su obligación del suministro básico del país.

El segundo transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica permite sociedades de autoabasto como contratos legados del régimen anterior, con lo que se han acomodado en este régimen, sin pagar despacho, 77,767 grandes consumidores, creando monopolios privados a los cuales no tiene acceso la CFE.

Así, se ha llegado a un despacho de sólo 38 por ciento de la capacidad instalada de la CFE, cuando tiene una capacidad de despachar 54 por ciento.

En el total nacional de despacho, 31 por ciento corresponde a contratos legados de productores independientes de energía (PIE, a los que la CFE está obligada a comprarles); 12 por ciento son las sociedades de autoabasto; 15 por ciento son las centrales de alta eficiencia renovables y de ciclo combinado construidas después de la reforma, y 4 por ciento se despacha mediante las subastas que fueron elaboradas para el aumento de capacidad renovable en la administración pasada.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

Con ello, se cancela la estricta separación legal de la CFE, que se integra como un solo organismo del Estado de forma vertical y horizontal y mantiene a CFE Telecomunicaciones e Internet.

El Estado, llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva.

La CFE generará por lo menos 54 por ciento del consumo eléctrico nacional de manera permanente.

Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46 por ciento del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE.

Este 46 por ciento se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Centro Nacional de Control de Energía despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, según la iniciativa.

La generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.

Además, no se otorgarán concesiones sobre la extracción de litio a privados, para que el Estado lo conserve como material indispensable para las pilas de almacenamiento de energía.

Los cambios al artículo 25 Constitucional incluyen derogar el concepto de “empresas productivas del Estado”, el mismo preservará la seguridad energética como un asunto de seguridad nacional.

Al 27 Constitucional se le incorpora el litio como reserva al dominio de la nación inalienable. También se establece que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad.

En el artículo 28 Constitucional se establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas y se añade a la electricidad como una de estas áreas. Así se ordena desde la Constitución que tendrá 54 por ciento de la generación eléctrica, como mínimo. Finalmente, se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por todo el contenido de la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, a pesar de que tiene el propósito de devolverle el control al estado sobre este sector estratégico para la economía del país, todavía se puede considerar como conservadora o de bajo voltaje a pesar de que ya no se otorgaran concesiones a la iniciativa privada para la inversión de nuevas plantas de generación de energía, especialmente la limpia, y que los inversionistas perderían sus inversiones en el corto plazo, a pesar de ello se les otorga el 46 por ciento del mercado a los generadores privados de energía eléctrica bajo las condiciones anteriormente expuestas.

De igual manera hay que señalar que cuando el ex presidente Adolfo López Mateos en 1960 nacionalizó la industria eléctrica con el propósito de que el Estado fuera el rector de este sector estratégico con el propósito de que fuera el motor del proceso de la industrialización y desarrollo del país.

Pero la generación de electricidad durante muchos años sus precios fueron subsidiarios para los industriales a precio de ganga de esta forma fue posible el desarrollo del proceso industrial donde fue la columna vertebral de la economía mexicana.

Los clientes a los que CFE suministra energía eléctrica están divididos en los siguiente sectores: industria, 52.81 por ciento; residencial, 20.35 por ciento; comercial y servicios públicos, 9.09 por ciento; usos propios, 6.49 por ciento; agrícola, 3.46 por ciento; transporte, 0.44 por ciento y, finalmente, pérdidas por un 7.36 por ciento.

A pesar de la oposición del sector privado a la iniciativa de la reforma eléctrica de López Obrador, de llegarse a probar el sector privado del país seguirán ganando, principalmente el sector industrial con precios bajos, con el control por parte de los privados del 46 por ciento del mercado.

Es por ello que se puede calificar a dicha reforma como conservadora y de bajo voltaje porque no llega hasta las últimas consecuencias de nacionalizar todo el sector eléctrico y cancelar las concesiones a particulares principalmente extranjeros; mención aparte son las repercusiones internacionales de amparos y de litigios por el contenido del T-MEC que se pueden presentar. En conclusión el país está ante un debate de interés nacional por una reforma eléctrica de bajo voltaje.

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