El pasado miércoles 19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación daba a conocer el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, con una vigencia a partir de esa fecha y hasta el 20 de julio entrante; cuarenta y ocho horas más tarde se publicaba en el mismo órgano de difusión una fe de erratas que a todas luces nada tenía de equivocación; Decreto vinculado con el "Acuerdo por el que se Instruyen Diversas Acciones a las Dependencias que se indican, en Relación a la Importación Definitiva de Vehículos Usados", publicado en el mismo órgano el 18 de octubre de 2021.
Uno de los requisitos para el canje de placas en Michoacán en este año es la presentación de la “factura” original que ampare la propiedad del vehículo objeto del trámite, situación que es importante considerar ya que a partir del año 2014 las reglas en materia de expedición de comprobantes fiscales cambió de manera sustancial, terminando la existencia de las llamadas “facturas en papel”, migrando a los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDIS).
Es preocupante la manera en que muchas veces la ciudadania en general resulta perjudicada por las políticas públicas en materia de recaudación impositiva estatales, guste o no, tenemos la obligación de contribuir al gasto público bajo parametros constitucionales y convencionales, en el mismo sentido contamos con medios de defensa para controvertir el establecimiento de disposiciones contrarias a dichos parametros o principios. En los últimos tiempos, las administraciones públicas disfrazan el cobro de impuestos bajo el esquema de otra contribución denominada derechos, específicamente me refiero a los reemplacamientos que realizan desde hace años ya las diferentes entidades federativas.
La manipulación de la realidad en nuestro contexto es muy sencilla, la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) se difunde bajo una serie de premisas que pueden no ser verdaderas, para conocer la realidad respecto del ejercicio de la revocación de mandato, es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el árbitro electoral, lo que está solicitando y el efecto que tiene su determinación, antes de comprar ideas que se transmiten sin fundamento; la revocación de mandato entendida como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la república, a partir de la pérdida de la confianza.
La Ley Federal del Trabajo en su artículo 15 establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el Registro de Prestadoras de Servicio Especializados u Obras Especializadas (REPSE), una regulación que data del pasado 23 de abril, que llega con una serie de falta de interpretaciones para la gran mayoría de los contribuyentes, lo que ha derivado en una simulación en el registro, por parte de empresas que no están en supuesto de ley, derivado de la inseguridad de quienes reciben sus servicios, publicando las reglas administrativas o disposiciones de carácter general hasta el 24 de mayo pasado.
Esta simulación se ha visto especialmente en la prestación de servicios de construcción o mantenimiento de inmuebles, donde los prestadores no proporcionan mano de obra, sin embargo para poder ser sujetos del pago por sus servicios, les exigen contar con su inscripción en el REPSE, lo que ha derivado en el registro simulado para obtener la constancia y lograr liberar sus pagos, so pena de ya no contratarles, en caso de no lograr el mismo.
El registro indiscriminado ha dado lugar en la práctica a la emisión de una serie de requerimientos por parte de la STPS, ya que no han subido a la plataforma electrónica del REPSE los contratos de subcontratación en virtud de que no existen, no los manejan, sin saber que informar en consecuencia.
El alcance de la reforma fue tendientes a prohibir las contratación de personal, y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando así las prácticas de simulación en perjuicio de las personas trabajadoras y del erario público, Generando certidumbre en los derechos laborales de los trabajadores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la erradicación de las malas prácticas en la implementación de la figura de subcontratación o outsourcing, Al haber sido insuficiente la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el año 2012.
Sirva el presente para hacer patente que en el caso de que no se proporcionen o pongan a disposición de personal, una persona física o moral a otra, no es necesario contar con el registro en el REPSE, razón por la cual los receptores de los servicios no deben obligar a la inscripción a sus proveedores por el mero capricho de su inseguridad. @lvarezbanderas
CULTURA
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