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J ALVAREZ B

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) la semana pasada confirmó que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, así como los recargos y la actualización correspondientes, señalando que la institución se encuentra realizando las acciones y procedimiento juridicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018.

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J ALVAREZ BEl antecedente de Darío lo vivimos hace apenas unas semanas, cuando acudió en mayo pasado con sus padres a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y le negaron la existencia de las vacunas pentavalente acelular y la relativa a las infecciones por neumococo, logrando su aplicación inmediata posterior vía juicio de amparo interpuesto por su padre.

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J ALVAREZ BDe nueva cuenta en una pubicación “verspertina” en un día inhabil (sábado 29 de junio) se publica de cierta manera a “escondidas” por parte del poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, ordenamiento legal que de acuerdo a su Artículo Primero Transitorio inicia su vigencia el día de hoy, dispositivo legal que fue firmado apenas un día antes al de su publicación.

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J ALVAREZ BEl titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, la semana pasada determinó conceder el amparo a una línea transportista, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica, la obligación de presentar sus vehículos para el efecto de la verificación vehicular, establecida en el artículo 6° del programa de verificación vehicular del estado de Michoacán para el primer semestre del año 2019.

Sin embargo tal determinación se contrapone con el argumento toral sobre el que funda la concesión, ya que por un lado el artículo 6º en mención establece la obligatoriedad para que los vehículos automotores en circulación sean verificados, salvo las excepciones establecidas en dicho programa y el argumento versa sobre la violación al principio de igualdad, equidad y proporcionalidad; razón por la que se considera una violación al principio de congruencia por parte del juzgador, la que seguramente será recurrida por las autoridades señaladas como responsables.

La parte quejosa hizo valer dos conceptos de violación, en los que refiere, en esencia, que la tarifa mediante la cual se establece el costo de la verificación resulta violatoria del principio de igualdad, equidad y proporcionalidad, toda vez que si el efecto es cumplir con la norma ambiental, no se justifica la existencia de una tarifa diferente de acuerdo al holograma que se otorgue, cuando lo cierto es, que sólo se debe pagar por el servicio, y en el caso dicho servicio es el mismo, pues en todo caso debe sujetarse a un costo.

La línea de transporte por conducto de su representante legal manifestó que el precio lo impone el poder ejecutivo, por lo que considera debe tomarse en cuenta, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, puesto que, para que se cumpla el principio de proporcionalidad, no debe ingresar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representa la prestación, y para cumplir con la equidad, el cobro de los servicios prestados sea fijo y análogo para todos los que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, y en el caso, la cuota no es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, pues se cobrará atendiendo al holograma que se obtenga, por lo que no se está cobrando por la contraprestación que se está cobrando.

Al resultar fundados los anteriores argumentos, el juzgador concedió el amparo señalado, con la incongruencia señalada; la parte importante de la presente impugnación constitucional es acreditar la serie de yerros jurídicos en el establecimiento de una verificación recaudatoria más que de protección al medio ambiente, en beneficio de los concesionarios.

Nuevamente vemos la falta de tutela judicial efectiva hacia el gobernado que ejerce su derecho legítimo para impugnar vía constitucional el decreto administrativo, ya que la concesión llega a destiempo. @lvarezbanderas

J ALVAREZ BEn sesión de fecha 31 de mayo pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, resuelve por mayoría que es fundada la queja administrativa interpuesta contra el acuerdo de desechamiento dictado por el Juez Noveno de Distrito en el expediente donde se solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal y otras autoridades, que instruía a diversos Secretarios de Estado a no acatar diversas disposiciones constitucionales en materia de educación, mediante un “memorándum”, dicha determinación me fue notificada el viernes 21 pasado.

El Juez Noveno de Distrito en el acuerdo recurrido determinó que se daba una causal de improcedencia respecto del juicio de amparo, al no acreditar un interés legítimo o jurídico, ya que solo detentaba un interés simple, desechando sin siquiera haber realizado una prevención previa para aclarar el escrito de inicial de demanda en lo que no hubiera quedado claro, lo que se manifestó como ilegal.

El agravio hecho valer resultó fundado por mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado revisor, para el efecto de que se me requiera y aclare cual es la cualidad o especial situación del suscrito quejoso frente al acto de autoridad señalado como tal en mi escrito inicial de demanda de amparo y precisando tales circunstancias, establecer si cuento con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de modo que su anulación pudiera producirme un beneficio o efecto positivo en mis esfera jurídica y por consiguiente, se considere si me encuentro facultado para promover la demanda de amparo.

Al vulnerarse el procedimiento dentro del juicio de amparo, se procedió a revocar el acuerdo de desechamiento, a fin de que se reponga el procedimiento, aclare mi demanda de garantías y se resuelva nuevamente lo que legalmente proceda con relación a su admisión o desechamiento.

De la anterior de determinación surge el voto particular de unos de los magistrados, indicando que desde su punto de vista, el Juez de Distrito no estaba obligado a mandar aclarar el escrito en cita, ya que debe tenerse en cuenta que es una carga del quejoso señalar las razones por las que considera que le asiste un interés legitimo para promover un juicio de amparo, y eventualmente, de ser necesario, acreditar esa circunstancia, porque es el promovente quien tiene la obligación de expresar todos los planteamientos y hechos en que funde su acción.

Por ahora, una vez que se atienda la aclaración, conoceremos el criterio del juzgador para determinar si se cuenta con interés legítimo o no para haber promovido la demanda de amparo en cuestión; independientemente que la Constitución General de la República haya sido reformada por el Constituyente Permanente hace unas semanas sobre los puntos precisados en el acto reclamado y que este incluso ha quedado sin materia, lo cierto es, que el señor Presidente no puede conducirse al margen de la ley y el juicio de amparo es el medio idóneo para poner un alto a sus ocurrencias. @lvarezbanderas

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