Parafraseando al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede estar de acuerdo en que “la única forma de poder transformar la realidad es creer que esto es posible y asumir un compromiso con los derechos humanos de todas las personas sin importar cuáles son las condiciones políticas o sociales en las que estamos trabajando”, solo que del decirlo al hacerlo existe una distancia, que para unos será corta, para otros larga y para muchos sencillamente muy distante.
La clave del registro federal de contribuyentes (RFC) se obtiene una vez que la persona física o jurídica (moral) se inscribe en el padrón de contribuyentes que controla el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); regularmente aludir a la clave del RFC en alguna operación denota incertidumbre, debido al control que se puede tener sobre la operación de que se trate, por estar fiscalizada por la autoridad hacendaria.
No es común observar “interpretaciones legislativas” o llamadas también como “auténticas” como la publicada en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la semana pasada en materia electoral, crecimos creyendo que solo el Poder Judicial de la Federación (PJF) puede interpretar normas y no es así.
Las multas impuestas a contribuyentes por presentar sus declaraciones a virtud de requerimiento de la autoridad hacendaria, en la actualidad resultan excesivas, aún y cuando el legislador estableció en el Código General Tributario para su imposición, que la autoridad administrativa puede imponerla entre un máximo y un mínimo, y que por tanto al fijar la multa en una cantidad mínima, la interpretación jurisprudencial le exime de fundar y motivar su imposición, en relación a precisar la razón o consideración que tuvo para hacerlo.
Las escuchas telefónicas derivadas de la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial resultan ilegales, las grabaciones derivadas de un acto de esa naturaleza constituyen pruebas ilícitas que por mandato expreso del artículo 16 constitucional carecen de todo valor probatorio.
CULTURA
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