Se acercan días decisivos para la vida de los poderes judiciales de nuestro país; en las entidades federativas parece no haber reacciones de preocupación, probablemente porque muchas de ellas se encuentran gobernadas por el partido dominante u oficialista y, por extensión, sus tribunales de justicia estén presididos por personas afines al régimen; no ocurre lo mismo en la judicatura federal, cuyos sectores de encuentran ya aglutinados y preparan la batalla desde distintas trincheras, la jurídica, la mediática y la social.
Se conoce que tanto trabajadores operativos, como secretarios y juzgadores, trabajan en consensos para delinear estrategias, que pueden comprender el paro de labores como última opción; antes de eso, deben agotar otras posibilidades, como la polémica sobrerrepresentación que daría al partido gobernante más escaños en el Congreso General de los que constitucionalmente le corresponden; consideran necesario aguardar a los términos en que se emitirá el dictamen de comisiones para luego ser votado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Pareciera abierta la posibilidad de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) tenga modificaciones que la hagan más viable en términos operativos; las cifras de dinero que requeriría un cambio abrupto de todos los juzgadores en el país, y lo impráctico que resultaría elegir entre miles de candidatos, hace pensar que una de las posibles alternativas sería la implementación gradual de la reforma; aunque esto, de momento, haría que la mayor parte de los juzgadores conservara su cargo, no deja de ser un tipo de extinción o muerte lenta para la independencia judicial.
La carrera judicial permite que personas con vocación jurídica puedan escalar a través de distintas gradas hasta llegar a ser juzgadores, acreditando sus méritos y mejores habilidades en relación con sus pares; uno de los pilares para quienes buscan acceder al cargo es ella precisamente, los perfiles que demuestren mejores capacidades en términos jurídicos serán siempre los mejores para ser impartidores de justicia, personas con experiencia en la materia.
Si la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal es modificada en el Congreso General, para que la suplantación de juzgadores sea gradual, esto podría significar que las primeras plazas a votación serían las que actualmente están vacantes, es lo idóneo; de ser así, el “sacrificio” recaerá en quienes forman parte ya de la carrera judicial y que además aspiran a llegar al cargo por méritos propios; una prueba de fuego para los jueces y magistrados; en cambio, si la reforma les garantizara permanecer en el cargo aunque fuera un poco de tiempo más, esto significará de cualquier forma la extinción o muerte de la carrera judicial y que los nuevos impartidores de justicia no sean precisamente los más capaces.
Ante lo anterior, debe privar la defensa de la independencia judicial por el bien de la nación, frente a una propuesta de reforma judicial que tiene un origen evidentemente en la satisfacción tomada del agravio recibido. @lvarezbanderas
