Para Felipe Tena Ramirez, el fin de toda Constitución consiste en implantar un orden jurídico, su primera y fundamental limitación la tiene en la determinación de establecer, no la anarquía ni el absolutismo, sino precisamente un orden jurídico; de otro modo la Constitución se negaría a sí misma y sería suicida.
La división de poderes no es meramente un principio doctrinario, logrado de una sola vez y perpetuado inmóvil; sino una institución política, proyectada en la historia, desde Aristóteles hasta Montesquieu, todos los pensadores a quienes preocupó la división de poderes, dedujeron sus principios de una realidad histórica concreta. Según Locke, “para la fragilidad humana la tentación de abusar del poder sería muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas; porque podrían dispensarse entonces de obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a su interés privado, haciéndola y ejecutándola a la vez, y, en consecuencia, llegar a tener un interés distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado”.
Montesquieu por su parte, señaló que “para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder detenga al poder”; la limitación del poder público, mediante su división es en Locke, y sobre todo en Montesquieu, garantía de la libertad individual, para el pensador francés, cuándo se concentran el poder legislativo y el poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad; no hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo; todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes.
El nuevo destino que se le pretende dar a la separación de poderes en México, por medio de una “elección” de impartidores de justicia próxima a legislarse, es una preocupación seria del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, al considerar que las diversas iniciativas presentadas por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, representan un retroceso para las instituciones que tanto esfuerzo y sangre han costado construir a lo largo de nuestra historia, para lo cual han formado un frente común, aglutinando a juzgadores como al personal de carrera judicial, administrativo, de confianza y al operativo
Esta situación preocupa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en todos sus sectores, desde los propios juzgadores, el personal de carrera judicial y al de servicios; principalmente, dicen, porque están conscientes de que una reforma de esa naturaleza acabaría debilitando la herramienta que cualquier mexicano tiene para enfrentar las arbitrariedades del poder; herramienta indispensable en un Estado Democrático de Derecho, afectando la autonomía e independencia judicial, que es un derecho de todos los habitantes de este país y que todavía reconoce a los juzgadores federales.
Les preocupa la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se pone en riesgo las prestaciones laborales que hoy se tienen garantizadas para los más de cincuenta mil trabajadores; unidos pretenden unir esfuerzos y defender, sobre todo, la vida democrática de nuestro país, que pende de un hilo de ser aprobadas tales reformas.
La impartición de justicia es la aplicación de las leyes, los impartidores de justicia no son órganos representativos populares.
@lvarezbanderas.
