El 3 de diciembre se celebra el día internacional de las personas con discapacidad, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en el año 2005 se celebro la Convención en la materia y producto de ello se reconocieron los derechos de las personas con discapacidad que constituyo un cambio radical, al dejar de ver a las personas con esta característica como enfermos crónicos para pasar estas personas a ser sujetos de derechos humanos y sociales.
Este cambio de paradigma de una visión biomédica para tratar a las personas con discapacidad al reconocimiento de sus derechos para la inclusión en todos los ámbitos de la vida social, pública y política fue un gran paso para una población que se calcula en más de mil millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor del 15 por ciento de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para funcionar, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
En México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente al 6 por ciento de la población total.
Pero fue hasta el año 2011, que el Estado mexicano ratifico y firmo el contenido de la Convención de las Personas con Discapacidad y quedo establecido en el artículo primero constitucional los derechos de este sector minoritario de la población donde se prohíbe la discriminación.
Sin embargo, los diferentes niveles de gobierno y sus “políticas públicas” en la materia están orientadas no en un sentido de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad sino que mantienen una visión paternalista y de carácter asistencial, dentro de su programa de gobierno, la atención a este grupo minoritario es encargada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que en la mayoría de los casos esta bajo la responsabilidad de las esposas de los gobernantes como una figura decorativa.
A este sector se le considera como un grupo vulnerable de la población lo que resulta lógico por lo menos en México y en Michoacán porque las autoridades de todos los niveles de gobierno se niegan a reconocer los derechos de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 1º, inciso 2º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar que el Estado mexicano está obligado a presentar un informe anual de la situación de los derechos de las personas con discapacidad y que contenga los avances emanados de la propia, éstos resultan mínimos de acuerdo al informe del 2014 hecho por el gobierno de Peña Nieto, último que se presento con relación a la magnitud de este asunto público y que por razones de espacio no se señalan a la ONU.
En la legislatura pasada la bancada del PRD en el Congreso de Michoacán presento una iniciativa de ley, para la creación de un instituto de atención a las personas con discapacidad, la misma quedo congelada con el archivo muerto, pero era interesante porque proponía un organismo específico para la formulación de políticas públicas para las personas con discapacidad, a pesar de que se le daría la figura jurídica como un organismo descentralizado de la administración pública estatal en lugar de un organismo autónomo con personalidad jurídica que tuviera la misión de promover, defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad, así como impulsar políticas públicas especificas para el pleno ejercicio de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, publica y política como lo establece la convención referida y las leyes general y local donde los gobiernos de todos los niveles están obligados a acatar.
En cuanto a la política pública- si se puede decir – del gobierno de López Obrador y su famosa Cuarta Transformación resulta humillante para las personas con discapacidad, de acuerdo al informe durante su primer año de gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación a beneficiado a 790 mil personas con discapacidad con una supuesta pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales lo que resulta ofensivo e insultante que arroje esa migaja en lugar de cumplir cabalmente con lo establecido tanto en la convención como en la legislatura federal y local de los derechos de las personas con discapacidad, en esta materia López Obrador VIOLA LA CONSTITUCIÓN impunemente.
Al Consejo Nacional para la Discapacidad lo ha desconocido, además de no contar con una política pública y solamente el 14 por ciento de las personas con discapacidad es beneficiaria de su programa de supuestas pensiones.
A demás de esto, las personas con discapacidad que reciben la humillante pensión de la Cuarta Transformación deben de ser menores de 30 años de edad – que por cierto los famosos servidores de la nación cuando visitaron el domicilio del que escribe le dijeron que no era sujeto del programa por tener más de 30 años como si la discapacidad desapareciera después de los 30 años- y solo representan el 14 por ciento de la población total de las personas con discapacidad.
De esta manera la lucha de las personas con discapacidad y sus familiares es permanencia por lograr el respeto a sus derechos reconocidos constitucionalmente en momentos de que López Obrador y su Cuarta Transformación los desconocen en el marco del día internacional de la discapacidad.
