Por fin, la secretaría de finanzas del gobierno de Michoacán dio a conocer el nombre del despacho que aplicara la auditoria forense a las finanzas públicas estatales con la cual se conocerá de que manera fue ejercido el presupuesto público de la entidad.
La cosa no será algo sencillo mas cuando se revisaran un conjunto de documentación de los últimos doce años por lo menos, que corresponde a las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara.
Como ya se sabe existen dos problemas en las finanzas públicas michoacanas, el primero la aplicación de los recursos públicos derivados de los impuestos que pagan los michoacanos y el segundo el crecimiento exponencial de la deuda pública estatal.
También se saben dos cosas más, una que el estado se endeudo a partir de dejar en garantía las participaciones federales de futuro y por otra parte la aplicación incorrecta de las mismas principalmente en los sectores de salud y educativo mediante lo que se llama la “licuadora” financiera.
De esta manera los gobiernos ante señalados, tomaban de aquí y de allí para hacerle frente a los gastos corrientes del gobierno sin un orden, ni mucho menos con transparencia, dejando bajo sospecha la aplicación correcta de los recursos públicos estatales.
Técnicamente la auditoria forense se enfrentara a una serie de documentación y registros en papel y digitales obsoletos pero al final de cuentas ese es el trabajo del despacho que gano la licitación.
Lo candente del asunto es sí por fin se va a saber quiénes fueron los responsables del desfalco financiero durante todos estos años y cuantos ex funcionarios estatales con nombres y apellidos experimentaron un proceso de enriquecimiento inexplicable y si algún ex gobernador fue responsable de tanta por lo menos opacidad.
Pero lo más importante es que salga a la luz pública todos los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos pasados de Michoacán, pero va a ver otro obstáculo, que es el legal porque muchos casos ya prescribieron en términos legales y no se podrá aplicar sanción alguna a ningún ex funcionario de ningún nivel de gobierno.
De esta manera el fantasma de la impunidad será una realidad, pero lo peor de esta opaca historia es que las finanzas públicas estatales están condicionadas al pago de la deuda pública estatal.
Mientras que la mayoría de la población michoacana se encuentra en la pobreza y los responsables del quebranto financiero continúan en el espectáculo político, luchando por algún puesto de elección popular para el año entrante.
De esta manera si el despacho contratado para aplicar la auditoria forense hace bien su trabajo sin interferencias políticas tanto del gobierno estatal como de los grupos políticos que se sienten afectados por los resultados de la misma auditoria, se podrá tener resultados reveladores.
Necesariamente, la citada auditoria arrogara información valiosa que abone a la transparencia y que contribuya como un factor para la rendición de cuentas y la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables de los desvíos de los recursos públicos.
Es de esperarse que esa auditoria forense aplicada con profesionalismo y una metodología no se convierta al paso del tiempo en una auditoria candente, que por el contrario la inversión echa en la misma no resulte algo que se baya al archivo muerto de la Secretaria de Finanzas de Michoacán y el gasto echo constituya una perdida mas con cargo al pueblo de Michoacán.
