El problema del déficit financiero de la Universidad Michoacana y la probable reforma al régimen de pensiones y jubilaciones es un debate abierto entre los trabajadores universitarios; por lo pronto el rector Raúl Cárdenas está apelando a la sensibilidad de los agremiados tanto del SPUM como al SUEUM para que acuerden en sus órganos de dirección sindical aceptar la modificación al régimen antes referido y todo parece que las dirigencias sindicales están dispuestas a hacerle el trabajo sucio al mismo rector, por lo tanto llevan a cabo reuniones al interior de los sindicatos y con la misma autoridad lo que constituye por lo menos en el caso del SPUM una violación a los estatutos sindicales y a los acuerdos del último Congreso General de Representantes quien mandató al Consejo General de Representantes y al Comité General del SPUM a no tocar el tema, ni siquiera intentarlo hacer con la autoridad universitaria a manera de un intercambio de ideas, en cuanto al convenio del 21 de diciembre del 2018.
Por lo que se refiere a las implicaciones desde la perspectiva laboral, el asunto necesariamente tendría que pasar en última instancia por la mutilación del Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM, donde se establece la jubilación a los 25 años de antigüedad en el servicio académico en la universidad.
Desde la óptica laboral, el asunto está perfectamente a favor de los profesores universitarios y nada se puede hacer para modificar el régimen antes citado y eso lo sabe perfectamente el Comité Ejecutivo General del SPUM. Solo el hecho de haber invitado al rector a una reunión del Consejo General de Representantes violo la independencia del sindicato conforme a los estatutos, el rector no tiene que intervenir ni por cortesía en las instancias de gobierno del SPUM.
Pero la probable modificación al régimen de pensiones y jubilaciones también se tiene que analizar desde la perspectiva de los derechos humanos.
La simple petición del rector de pedirle a las dirigencias sindicales tanto del SPUM como del SUEUM, que se sensibilicen a los agremiados, constituye una grave violación colectiva de los derechos humanos de los trabajadores nicolaitas.
Recientemente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento de un caso de un trabajador peruano que demando al Estado de ese país por haber violado sus derechos humanos, cuando el gobierno peruano privatizo la empresa estatal donde trabajaba y con ello no solo cambio sus condiciones laborales sino también su proyecto de vida, familiar, además de dañar su salud tanto física como emocional, porque afectaron sus ingresos salariales y con ello sus expectativas de vida, además de su derecho a la jubilación.
Al final del caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fallo a favor del trabajador y condeno al Estado peruano a repararle todos los daños provocados por varios millones de dólares.
Actualmente, los trabajadores pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpusieron una denuncia ante la CIDH demandando al Estado mexicano la devolución de su fondo de vivienda, cesantía y vejez que prácticamente el IMSS los despojos, violando sus derechos humanos a una vejez digna.
En el caso de los trabajadores nicolaitas durante varios años, las autoridades universitarias con la complicidad de las dirigencias sindicales han estado lanzando la amenaza de modificar el régimen de pensiones y jubilaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que ha provocado en muchos profesores por lo menos que tenían más de 25 años de antigüedad tuvieron que solicitar su jubilación y renunciar al beneficio del programa de estímulos a la carrera docente y al convenio cuatro, lo que afecto sus prestaciones y por lo tanto sus ingresos salariales.
Pero esto no lo es todo, desde que la autoridad universitaria nicolaita ha venido promoviendo la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones entre muchos profesores y empleados se ha sembrado la incertidumbre, el estrés y causando la modificación radical de sus proyectos de vida entre otras afectaciones, lo que constituye una práctica reiterada por parte de la autoridad universitaria con la complacencia de los dirigentes sindicales.
Con solo el hecho, de que la autoridad universitaria declare cotidianamente ante los medios de comunicación su intención de modificar el régimen de pensiones y jubilaciones constituye de hecho una violación colectiva a los derechos humanos de los trabajadores universitarios de acuerdo a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior expuesto, los agremiados a los sindicatos universitarios deben de explorar en su defensa de sus intereses la perspectiva de los derechos humanos.
Además de tener presente que no es responsabilidad de ellos el déficit y la insolvencia financiera de la universidad, a esto hay que agregar otra violación a los derechos humanos que consiste en que la autoridad ha dejado de pagar los salarios y prestaciones en el pasado y hoy amenaza de que solo cuenta con dinero hasta el mes de septiembre si no se lleva a cabo la modificación del sistema pensionario; de esto último los únicos responsables son la autoridad universitaria, los gobiernos estatal y federal y el propio Estado Mexicano, es por ello que hay que explorar la perspectiva de los derechos humanos sobre la materia.
