La corrupción y el combate de la misma tiene un alto costo económico, social y político para el país; como se sabe la misma se puede clasificar en alta y baja, la primera se refiere a los grandes escándalos ocurridos en los últimos tiempos por los gobernadores, secretarios de Estado y hasta la figura presidencial por el caso de la “Casa Blanca”.
Por otra parte, el tema de la corrupción fue el principal lema de la campaña presidencial por parte de López Obrador, ante el hartazgo ciudadano que se expreso en las urnas el pasado 1 de julio.
Pero tanto las organizaciones de la sociedad civil y periodistas así como medios de comunicación principalmente aquellos que se dedican al periodismo de investigación han obligado a la clase política a dar una respuesta a la indignación ciudadana, dando lugar al Sistema Nacional Anticorrupción y sus replicas en las entidades federativas.
De esta forma en más de 20 estados de la republica, las legislaturas locales aprobaron las leyes estatales que dan lugar a los Sistemas Estatales Anticorrupción. Su implementación ha tenido avances y resistencias por parte de la clase política, al igual de los gobiernos locales y las legislaciones.
Un avance importante a rescatar es el propio nacimiento de los SEAS, que es una conquista de carácter democrático por parte de los ciudadanos.
Pero el diseño institucional por parte del Congreso de la Unión y las legislaciones locales están a favor de la clase política particularmente en la conformación de sus órganos de gobierno donde la mayoría la tienen las secretarias de los gobiernos estatales y los órganos autónomos, referentes a la transparencia.
En el último de los casos, todavía su implementación es muy lenta y no cuentan ni con la infraestructura necesaria para su funcionamiento, ni tampoco con la asignación presupuestaria y con un domicilio oficial que le permita registrarse ante el SAT para las acciones fiscales a las cuales por ley están obligados.
En el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, el diseño institucional establecido en la ley ha dado lugar a muchos vacios y contradicciones entre los órganos internos.
Para empezar, para muchos analistas y algunos miembros de la Comisión de Selección, el Sistema Estatal Anticorrupción todavía no existe porque no funciona a toda su capacidad y como ya se menciono existen controversias entre el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana por la asignación de sus funciones y en particular el primero nombro al Secretario Técnico de nombre Ernesto Ramírez Ochoa quien en el lugar de facilitar los trabajos y gestionar los recursos materiales y financieros para el segundo, ha venido saboteando la instalación del funcionamiento del CPC.
Así de esta manera, el Comité de Participación Ciudadana viene desarrollando con muchas dificultades sus funciones que le otorga la ley en la materia.
Cabe señalar, que el Secretario Técnico fue nombrado por el Comité Coordinador del SEA y a pesar de que el Comité de Participación Ciudadana ya solicito su destitución, por graves violaciones a la ley, resulta que ahora no lo pueden sancionar por falta de quórum de parte del Comité Coordinador ya que los brillantes diputados se les ocurrió incluir en este órgano a tres contralores municipales que nunca asisten a las reuniones convocadas por el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción Rafael Villaseñor Villaseñor.
De esta manera, los diputados locales tienen que llevar a cabo una profunda revisión de la Ley Estatal Anticorrupción, pero ante todo, deben de asignar inmediatamente el presupuesto porque el SEA debe de funcionar a su máxima capacidad.
Por otra parte el Comité de Participación Ciudadana es el encargado de llevar a cabo todas las acciones de carácter ejecutivo, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta y su vinculación con la sociedad civil, prueba de ello, la semana pasada organizo el Primer Foro Regional, “Sistema Anticorrupción, Cultura de la Legalidad y Transparencia”.
De esta manera es necesario convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil para presionar a los diputados locales para que se le asigne el presupuesto necesario al SEA y pueda convertirse en un verdadero instrumento de combate a la corrupción en Michoacán donde en todos los órganos y poderes estatales por lo menos existe opacidad en los últimos años.
